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Entre 2009 y 2010, el Fondo Monetario Internacional creó, en respuesta a la crisis financiera global, una serie de líneas de préstamo destinadas a la prevención y al aseguramiento frente a crisis. Estas líneas preventivas fueron dirigidas a países con fundamentos y políticas económicas sólidos, pero expuestos a riesgos de contagio financiero. La utilización de estos instrumentos —medida en número de países— fue reducida durante sus diez primeros años de existencia, y con la irrupción de la pandemia tres nuevos países de Latinoamérica solicitaron acogerse a ellos. La valoración de estas líneas sugiere que han cumplido la función de aseguramiento para la que fueron concebidas. De cara a la próxima revisión de estas líneas, y a la luz de la experiencia reciente, se analizan las posibles causas de su limitada demanda y se aportan elementos relevantes en el diseño de las «estrategias de salida», uno de los aspectos que más atención han suscitado en su utilización.

Este trabajo analiza la capacidad de uso de los colchones de capital voluntarios y regulatorios por parte de las entidades bancarias, aprovechando la experiencia de la pandemia de COVID-19. En primer lugar, se encuentra que la usabilidad de los colchones macroprudenciales está muy poco limitada en España por otros requerimientos sobre las entidades. Adicionalmente, se encuentra que los colchones existentes sobre los requerimientos de capital al comienzo de la pandemia han tenido efectos significativos en los mercados financieros, lo que ha afectado a la evolución de las cotizaciones bancarias europeas, así como a las tenencias de acciones bancarias por parte de los fondos de inversión. Por último, no se observa un efecto agregado significativo del nivel disponible de colchones de capital sobre los requerimientos de capital en la provisión de financiación a las empresas no financieras en España. Sin embargo, sí se identifican efectos negativos en la oferta de crédito de los bancos con menores colchones voluntarios a las empresas con las que tenían relaciones más recientes. Asimismo, cuando el análisis se realiza exclusivamente sobre las operaciones crediticias sin garantía pública, sí se observa que las entidades con menor margen de capital por encima de los requerimientos redujeron más el crédito.

Recientes avances tecnológicos, como el almacenamiento masivo de datos y la computación en la nube, están dando lugar a un mayor uso de la inteligencia artificial en la economía y las finanzas, y modificando aspectos fundamentales tanto para entidades como para supervisores. En este documento revisamos las principales tendencias de esta transformación, especialmente el uso de algoritmos de aprendizaje automático para la predicción en entornos de incertidumbre, y detallamos algunos de los casos de uso más relevantes en la actualidad, como son la calificación crediticia, el control del fraude y la predicción macroeconómica. Para ello se utilizan en gran medida las discusiones que tuvieron lugar durante el 1.er Seminario de Inteligencia Artificial aplicada a los Servicios Financieros, organizado por el Banco de España el 17 de junio de 2022. Concluimos con una reflexión sobre la convivencia de esta tecnología con los modelos econométricos tradicionales y la necesidad de gestionar nuevos factores de riesgo asociados a su uso, como la interpretabilidad de los resultados.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), las políticas adoptadas por el Reino Unido y la UE irán dando lugar con el tiempo a divergencias regulatorias y a la creación de barreras comerciales entre estos dos espacios jurídicos y regulatorios separados. Con el fin de aprovechar los beneficios de la autonomía regulatoria, el Gobierno británico ha emprendido una revisión completa de la legislación de la UE conservada, identificando reformas regulatorias concretas en sectores de alto crecimiento. Existen, sin embargo, algunas limitaciones. En el Acuerdo de Comercio y Cooperación concluido con la UE, el Reino Unido se ha comprometido a respetar determinados estándares europeos e internacionales. En particular, se garantiza un nivel de protección común en determinadas áreas consideradas relevantes para el level playing field, tales como el control de las subvenciones, la fiscalidad, las normas sociales y laborales, así como el medioambiente y el clima, si bien el alcance de dichas garantías varía considerablemente según el área. Por otro lado, las divergencias regulatorias tendrán lugar a expensas del acceso al mercado interior. En este marco, determinadas medidas regulatorias y subvenciones a operadores económicos podrían originar fricciones políticas entre la UE y el Reino Unido, y conducir en el futuro a disputas legales. En la primera reunión del Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible, celebrada el 12 de octubre de 2021, los representantes de la UE y del Reino Unido abordaron asuntos relacionados con el control de los subsidios (la normativa británica en materia de control de subsidios o la propuesta de reglamento de la UE sobre subsidios extranjeros) y subsidios específicos (los regímenes británicos de energía renovable y la Reserva de Ajuste del Brexit de la UE), así como diversas iniciativas regulatorias en materia de normas sociales y laborales, y de medioambiente y clima. Estas discusiones técnicas pueden resultar cruciales para limitar el riesgo de disputas entre la UE y el Reino Unido en el ámbito del level playing field.

Este documento realiza una propuesta de estimación de la huella de carbono en la financiación a empresas por parte de las entidades de crédito españolas. El creciente interés de nuestras sociedades por cuestiones medioambientales exige abordar un análisis de la actuación de las entidades financieras en su labor para facilitar la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. En este ámbito, es indispensable disponer de información medioambiental de calidad y establecer metodologías robustas que permitan la evaluación de las exposiciones climáticas del sector financiero. Este trabajo pretende realizar una aportación a este debate, ofreciendo una estadística de carácter experimental para la medición del grado de exposición del sector bancario en España a los riesgos de transición hacia un modelo económico más sostenible. Los resultados obtenidos muestran que la huella de carbono de los préstamos de las entidades de crédito españolas se habría reducido de forma significativa en el período más reciente. Este descenso resulta compatible con la reducción en la intensidad de las emisiones contaminantes que ha tenido lugar en el conjunto de la economía española durante los últimos años, pero también con una ligera recomposición de la cartera de préstamos hacia las ramas de actividad menos contaminantes.

En este documento se estima, a partir de una muestra de altas de jubilación de 2019, el efecto que el período considerado para el cálculo de la base reguladora ejerce sobre la cuantía de la pensión inicial. En particular, en el análisis se calcula la cuantía inicial de las pensiones para períodos de cálculo que varían entre 15 y 35 años, así como el resultado de restringir dicho período a los años más favorables de cotización. Los resultados muestran que, en el rango señalado, la pensión inicial media es una función monótonamente decreciente del número de años considerados para el cálculo de la base reguladora. En particular, la extensión del período de cálculo desde 15 hasta 25 años estaría asociada con una caída de la pensión inicial media del 5 %, mientras que una ampliación desde 25 hasta 35 años produciría una reducción adicional del 8,2 %. Por otro lado, simultanear la ampliación del período de cálculo a 35 años con el descarte de los años más desfavorables para determinar la base reguladora permitiría suavizar la caída de la pensión inicial media, al tiempo que reduciría la heterogeneidad de las pensiones entre individuos (si bien la desigualdad caería en menor medida que si se restringiera el período de cálculo a los 35 anteriores a la pensión). Por ejemplo, tomar en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación arrojaría una pensión media similar a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación. Además, esta forma de determinar la base reguladora produciría, en promedio, un incremento de la prestación inicial de las pensiones que se sitúan por debajo de la mediana (con respecto de un escenario en el que la base reguladora se calcula a partir de los 25 años anteriores a la jubilación) y una caída de la prestación inicial para las pensiones en el cuarto cuartil de la distribución.

Este artículo presenta un modelo de equilibrio general diseñado para producir escenarios macroeconómicos que incorporen los riesgos de transición asociados a las políticas adoptadas para evitar el proceso de cambio climático (no los riesgos físicos asociados al coste del cambio climático a largo plazo). El modelo está calibrado para la economía española, y puede simular el impacto de shocks en el precio y la cobertura de derechos de emisión de gases efecto invernadero, con particular atención a las asimetrías sectoriales provenientes de i) la intensidad de uso de la energía; ii) la fuente de dicha energía, y iii) las interdependencias entre industrias. Mostramos que, tras un incremento en el precio de los derechos de emisión similar al observado en los últimos años (de aproximadamente 25 € por tonelada de CO2 en 2019 a casi 100 € por tonelada en 2022), el modelo predice una caída acumulada del PIB después de tres años del 0,37 %. La pérdida de valor añadido es muy heterogénea entre distintas industrias, con valores que van de pérdidas del 4 % en las industrias más afectadas a un impacto prácticamente nulo en los sectores menos afectados. En relación con el uso del modelo para pruebas de estrés, esta heterogeneidad apunta a la existencia de riesgos potenciales para la estabilidad financiera, y a la importancia de una correcta diversificación bancaria para disminuir su exposición a los riesgos de transición.

Este documento presenta un análisis pormenorizado de la estructura del gasto público en España y de su evolución reciente, en comparación con el resto de los países europeos. España presenta un peso del sector Administraciones Públicas (AAPP) asimilable al de los países de su entorno, aunque se encuentra, en relación con un grupo de referencia de países europeos (UE-15), con niveles por debajo del promedio. Así, en 2019 el nivel de gasto de las AAPP se situó en el 42 % del PIB, frente al 46 % de la UE-15, con un correspondiente menor peso de los ingresos públicos (el 39,2 %, frente al 46 % de la UE-15). En términos de la composición por partidas de gasto, España muestra un peso relativamente elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales (pensiones y desempleo) y los pagos por intereses de la deuda, pero un peso relativamente menor en partidas como la educación y la inversión pública. De acuerdo con la evidencia disponible, una composición del gasto público con un menor peso en inversión y educación suele estar asociada, a medio plazo, con tasas inferiores de crecimiento potencial de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad —por el menor papel de las políticas redistributivas premercado, que afectan al nivel de competencias de los agentes económicos—.

La crisis económica vinculada a la pandemia de COVID-19 supuso una perturbación sin
precedentes para las empresas a nivel global, si bien se vio parcialmente mitigada por
las medidas de apoyo desplegadas por las autoridades. Sin embargo, estas medidas
están ahora llegando a su fin en medio de un entorno macroeconómico altamente incierto,
como resultado de la guerra en Ucrania y del aumento de los precios de la energía. En
este contexto, las consecuencias macroeconómicas de un incremento significativo de
las tasas de destrucción de empresas suponen una fuente de preocupación que no debe
minusvalorarse. Este trabajo documenta una relación en forma de U invertida entre la
destrucción de empresas y el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF):
a niveles bajos de destrucción, la salida de empresas está asociada a aumentos de la
productividad relacionados con el fenómeno de la destrucción creativa; sin embargo, a
niveles elevados de destrucción, esta asociación se vuelve negativa y aumentos en las
tasas de salida redundan en pérdidas de productividad. Asimismo, este trabajo considera
un modelo de dinámica empresarial que incorpora una externalidad de la destrucción
de empresas que genera la relación no lineal estimada en los datos. En particular, esta
externalidad captura los efectos de amplificación asociados a una destrucción de empresas
muy elevada que podría forzar la salida del mercado de empresas viables. Por ejemplo,
debido a disrupciones en la cadena de suministros o a una contracción generalizada y
muy acusada de la oferta de crédito ante un aumento muy significativo de las tasas de
impago. Utilizando este modelo, se plantean dos escenarios distintos, dependiendo de la
severidad de la perturbación sobre las tasas de destrucción de empresas en España. Si la
perturbación acarrea una destrucción de empresas similar a la observada durante la crisis
financiera global, el efecto sobre la productividad es positivo y la recuperación económica es
más rápida que en ausencia de dicha perturbación. Sin embargo, si la perturbación acarrea
una destrucción de empresas hasta cuatro veces superior a la observada durante la crisis
anterior, el impacto sobre el crecimiento de la productividad es negativo, porque muchas
empresas viables se verían obligadas a salir del mercado debido a la externalidad, lo que
haría que la recuperación fuese más lenta.

Este trabajo presenta un análisis pormenorizado de la distribución de los puntos de acceso presencial a los servicios bancarios en España, en comparación con otros países europeos y con otros servicios de diversa índole. De acuerdo con los resultados de este ejercicio de diagnóstico, se pueden extraer las siguientes conclusiones principales. En primer lugar, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos por cada mil habitantes es mayor en España que en otros países de nuestro entorno. Esto se debe, en buena medida, a las diferencias internacionales en cuanto a la distribución de la población en el territorio. En efecto, una vez que se tiene en cuenta la elevada dispersión geográfica de la población en España, la cobertura efectiva de puntos de acceso presencial a los servicios bancarios en nuestro país se situaría en torno a la del promedio de la Unión Económica y Monetaria. En segundo lugar, la población que reside en municipios rurales escasamente poblados del interior peninsular (fundamentalmente, en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha) es la que presenta una peor cobertura en términos de puntos de atención presencial a los servicios bancarios, ya sea a través de una oficina bancaria, de un cajero automático o de algún otro medio alternativo. En tercer lugar, en este grupo de municipios la cobertura de puntos de acceso presencial a servicios bancarios es relativamente similar a la de otros servicios de provisión privada —como bares o comercios—, pero inferior a la correspondiente a algunos servicios con un cierto componente de provisión pública —como la atención sanitaria o las farmacias—.

La aplicación de las tecnologías en áreas como la computación en la nube, la blockchain y el big data, trasladadas a las finanzas, además de generar nuevos modelos de negocio, aplicaciones, productos y servicios con efecto material en los mercados financieros o en las instituciones que los conforman, puede facilitar el acceso a los servicios financieros y mejorar la eficiencia del sector. Muchas de estas soluciones son desarrolladas por empresas especializadas en el uso de las nuevas tecnologías en las finanzas, más conocidas como fintech, así como por grandes compañías tecnológicas o bigtech, aunque en este documento nos centraremos en las primeras. Desde 2010, las fintech han proliferado, enfocándose a menudo en segmentos específicos del mercado, como los de pagos, crédito o gestión de patrimonios, y transformando el ecosistema financiero en muchas jurisdicciones. Por el momento, el sector fintech presenta una dimensión muy reducida en comparación con el tamaño del conjunto del sector financiero. No obstante, el alcance simultáneo en varias actividades de la cadena de valor del sistema financiero, el elevado ritmo de crecimiento y la globalización (las fintech se encuentran en casi todas las jurisdicciones, y las grandes tecnológicas o bigtech tienen presencia global) aconsejan un seguimiento continuo. Sin embargo, se trata de una tarea ardua, debido a la falta de información estadística adecuada y armonizada sobre fintech. Por ello, en el siguiente trabajo se han revisado diversas fuentes de datos para dar una visión general del panorama fintech en las economías mundiales, para después centrar el foco en aquellas que operan en España y, seguidamente, repasar algunas iniciativas que se están llevando a cabo para abordar los retos a los que se enfrentan los reguladores.

En los últimos años, la lucha contra el cambio climático y por un crecimiento sostenible está ganando protagonismo en la agenda internacional. Reducir las emisiones contaminantes depende de que un número suficientemente amplio de países adopten medidas mitigadoras eficientes y alineadas con los acuerdos internacionales. La cooperación internacional es fundamental para hacer efectivos los compromisos asumidos en virtud de esos acuerdos, llevar a cabo la transición energética y frenar el cambio climático. Tanto el G-20, que cuenta entre sus miembros con los mayores emisores de gases de efecto invernadero, como el Fondo Monetario Internacional están incorporando de manera creciente las consideraciones climáticas al ejercicio de sus respectivas funciones. La Unión Europea (UE) es parte activa de ese compromiso global, en el que ejerce cierto liderazgo, y persigue objetivos cada vez más ambiciosos. En cumplimiento del Pacto Verde Europeo, la UE ha dado rango legal a su objetivo de neutralidad climática en la Ley Europea del Clima y ha puesto en marcha diversas políticas pioneras para su implementación, como el paquete de medidas Objetivo 55. La guerra en Ucrania introduce un elemento de incertidumbre en esta senda, dada la importancia de Rusia como suministrador de combustibles fósiles a la UE.

Este artículo lleva a cabo una revisión de la literatura académica que estudia los determinantes del tamaño del sector público. En primer lugar, se analizan los modelos clásicos basados en el teorema del votante mediano, en el que las decisiones públicas vienen determinadas por las preferencias del votante mediano en renta (es decir, aquel cuya renta es inferior a la de la mitad de los votantes y superior a la de la otra mitad). En segundo lugar, se revisan las teorías que, basadas en las preferencias de los ciudadanos, incluyen la noción de la percepción de justicia y de confianza en las instituciones públicas. En tercer lugar, se revisa la literatura sobre el papel del proceso político, los intereses particulares y los sistemas electorales y de gobierno. Se pone un especial énfasis en los trabajos recientes para España, que inciden en las preferencias de los ciudadanos, el papel de la confianza en las instituciones y el sistema de gobierno.

En este documento se analizan las principales tendencias de la actividad emisora de títulos en los mercados internacionales por parte del sector privado durante 2021, un año en el que, pese a observarse una evolución positiva que superó los volúmenes previos a 2020, no se han alcanzado las cifras récord registradas en ese año. Así, el volumen total emitido de títulos de renta fija se redujo debido al descenso en las emisiones del sector de sociedades no financieras, lo que pudo estar condicionado por la gran cantidad de fondos ya captados durante 2020, por las menores necesidades de financiación por motivos precautorios ante la mejora de la situación sanitaria y por el incremento en los costes de financiación. Sin embargo, las emisiones de bonos del sector bancario y las de otras instituciones financieras registraron aumentos, que se concentraron en Estados Unidos, debido a las expectativas de un posible endurecimiento de la política monetaria en esa área y a factores regulatorios. Las emisiones del segmento de bonos de alto rendimiento también se incrementaron, beneficiadas por la menor aversión al riesgo. Por regiones, el descenso más pronunciado se produjo en Estados Unidos, seguidos del Reino Unido y del área del euro. Por el contrario, las emisiones en los mercados de acciones registraron un fuerte dinamismo y superaron los volúmenes emitidos en 2020.

Los préstamos de la Unión Europea (UE) a los Estados miembros en el marco del instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (instrumento SURE, por sus siglas en inglés) formaron parte de la respuesta de la UE a la crisis del COVID-19 en 2020-2021. Los recursos se destinaron a financiar el gasto público de los países en planes de reducción del tiempo de trabajo y en medidas similares. Para ello, la UE recaudó recursos en los mercados de capitales mediante la emisión de valores y canalizó esos recursos a los países receptores en forma de préstamos bilaterales. El programa se aplicó en un período en el que los países tenían pleno acceso a los mercados de capital y en condiciones de financiación muy favorables. No obstante, la dotación total del programa prácticamente se agotó. En este documento calculamos los pagos de intereses de los Gobiernos en el marco del SURE frente a una situación contrafactual en la que el Gobierno recurriese a la financiación de mercado por los mismos importes. Nos centramos en los casos de Bélgica, España, Portugal e Italia. Con este objetivo, ampliamos un marco de análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA, por sus siglas en inglés) de última generación con una modelización en la que la dinámica de los pagos de intereses, el vencimiento de la deuda y la emisión de nueva deuda se determinan conjuntamente. Destacan dos resultados: i) en las condiciones financieras imperantes en el momento de la aplicación del SURE se estima que el ahorro de intereses para los cuatro países analizados es significativo (en acumulado, durante los 10 primeros años, entre el 3 % y el 12 % del importe total nominal desembolsado), y depende del diferencial entre la curva de rendimiento de la UE y la nacional y de la estructura de vencimientos, y ii) en escenarios contrafactuales de condiciones de mercado estresadas durante la duración de los préstamos, el ahorro sería aún mayor. Esto ilustra el papel clave que pueden desempeñar estos instrumentos en episodios de tensiones financieras.

El acceso a la financiación en los mercados de renta fija por parte de las empresas facilita la diversificación de sus fuentes de financiación y las expone a una menor vulnerabilidad, particularmente en momentos en los que se producen restricciones en el acceso al crédito bancario. En este documento se analizan los factores que explican el recurso de las empresas a la financiación en los mercados de capitales haciendo uso de la base de datos ERICA, que contiene información detallada sobre los balances de los principales grupos no financieros cotizados en los países de la Unión Económica y Monetaria. Los resultados muestran que el tamaño es el factor que explica en mayor medida el recurso a esta fuente de financiación. De acuerdo con los resultados de este trabajo, el establecimiento del programa de compras de bonos corporativos por parte del Banco Central Europeo, en 2016, habría contribuido a mejorar el acceso a los mercados de capitales de las empresas cotizadas más pequeñas. A pesar de ello, el tamaño sigue siendo una barrera clave en el acceso a los mercados de capitales. La implementación de otras iniciativas más estructurales, como la unión de los mercados de capitales, podría suponer nuevos avances para seguir reduciendo estas barreras de acceso a la financiación externa.

A pesar del carácter exógeno de la crisis sanitaria debida al COVID-19, su intensidad y persistencia podrían provocar un impacto negativo sobre el crecimiento económico a largo plazo. Este artículo ofrece una discusión exhaustiva sobre los diversos canales a través de los cuales la crisis sanitaria podría afectar al crecimiento potencial de las economías, así como algunos escenarios para la economía española en un horizonte de medio plazo. Si bien el elevado grado de incertidumbre en las actuales circunstancias aconseja interpretar dichas estimaciones con cautela, los resultados apuntan a una tasa de crecimiento potencial para la economía española muy similar a la estimada antes de la pandemia, de en torno al 1,3 %. Asimismo, cabe destacar que las medidas de política económica adoptadas han sido y serán fundamentales para determinar los efectos a largo plazo sobre la capacidad de crecimiento de la economía. En particular, los fondos europeos pueden ser catalizadores de un impulso significativo tanto en la inversión como en la productividad a largo plazo. Dicho impulso redundaría en un mayor crecimiento potencial, especialmente si se acompaña de reformas estructurales que favorezcan las sinergias entre la inversión pública y la inversión privada, y maximicen su impacto sobre la productividad. De acuerdo con las estimaciones presentadas en este artículo, el crecimiento potencial de la economía española, en un escenario en el que una selección adecuada de los proyectos de inversión financiables con los fondos europeos es acompañada por reformas estructurales favorecedoras del crecimiento económico, podría situarse en torno al 2 %.

Este trabajo evalúa la estimación de la prima de riesgo de la renta variable, es decir, el rendimiento esperado de la renta variable por encima del tipo libre de riesgo, utilizando el modelo de descuento de dividendos como marco organizativo. Comparo las estimaciones de la prima de riesgo de la renta variable a partir de diferentes modelos de descuento de dividendos en términos de la capacidad de previsión dentro y fuera de la muestra a través de diferentes horizontes temporales. Utilizando datos del EURO STOXX 50 de entre 2001 y 2021, encuentro que las estimaciones de la prima de riesgo de la renta variable muestran una dinámica similar, y son elevadas durante los períodos de alta incertidumbre, como el inicio de la pandemia de COVID-19. Además, encuentro que el modelo de descuento de dividendos en tres etapas, que divide el crecimiento de los beneficios en una fase extraordinaria, otra de transición y otra de estado estable, es el que mejor funciona en términos de capacidad de previsión.

El año 2020 se caracterizó por unas dinámicas de migración neta en España que desembocaron en un aumento de la población rural en detrimento de la población urbana, rompiendo la tendencia secular hacia una mayor urbanización vigente desde mediados del siglo pasado. De acuerdo con los resultados de este documento, el dinamismo poblacional de las áreas rurales obedeció tanto a un aumento de las llegadas de población procedentes del resto del país como —en mayor medida— a un freno de las salidas desde dichas áreas. Asimismo, un análisis de regresión muestra que las dinámicas demográficas durante el éxodo rural (1950-1990), el porcentaje de viviendas secundarias y la accesibilidad a servicios (tanto físicos como digitales) se revelan como factores explicativos a la hora de caracterizar los cambios poblacionales a nivel municipal durante la pandemia. Cabe señalar que el año 2020 constituye un período excepcional, caracterizado por importantes restricciones a la movilidad y a la actividad, así como por profundas medidas de distanciamiento social. Este contexto, así como los niveles modestos de implantación del teletrabajo, arroja notables dudas e incertidumbre a la hora de anticipar hasta qué punto el freno a la urbanización observado en dicho año tiene visos de permanecer en un horizonte temporal más amplio.

El objetivo de este estudio es analizar la calidad de la información sobre endeudamiento recogida por la Encuesta Financiera de las Familias (EFF). Para ello, implementamos un cruce de los datos de esta con los datos administrativos de la Central de Información de Riesgos (CIR), que contiene, con carácter mensual, todo el universo de préstamos vivos de más de 6.000 euros contraídos por personas físicas con entidades financieras en España. Teniendo en cuenta las diferencias entre ambas fuentes en relación con la información que recogen, construimos y comparamos diversas medidas de endeudamiento a nivel de hogar. Para minimizar las diferencias asociadas a las discrepancias en la composición del hogar según el padrón y la EFF, realizamos el análisis tanto en la muestra enlazada total como en un subconjunto de hogares comparables. Nuestros resultados muestran que, una vez controladas por las limitaciones del enlace, las medidas de endeudamiento calculadas con la EFF y con la CIR son similares. La proporción de hogares con deuda hipotecaria es del 25,8 % en la EFF y del 29,9 % en la CIR. Dentro de los hogares endeudados, la deuda hipotecaria mediana recogida en la EFF es solo un 0,5 % inferior a la recogida en la CIR. Por lo que se refiere a deuda no hipotecaria, las diferencias son mayores, pero no sustanciales. La tenencia es del 18 % en la EFF y del 23 % en la CIR, y la deuda mediana es un 10 % inferior en la EFF. Además, la disponibilidad de información detallada que proporciona la encuesta sobre las características de los hogares y sus respectivas deudas permite identificar que la edad de la persona de referencia y la existencia de deudas compartidas con personas que no pertenecen al hogar son las características que se relacionan en mayor medida con las discrepancias entre la EFF y la CIR. Los resultados de este análisis contribuirán a la mejora de la recogida de información y de los protocolos de entrevista a los hogares de la EFF.

La divulgación de información prudencial sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) será obligatoria, a partir de junio de 2022, para las grandes empresas con valores negociados en un mercado regulado de cualquier Estado miembro. Este artículo trata de evaluar el grado de preparación de las entidades financieras europeas para este requerimiento mediante la aplicación de técnicas de minería de textos para analizar los informes prudenciales, comúnmente denominados informes de Pilar 3, correspondientes al período 2019-2020, de la mayoría de las entidades financieras significativas que están bajo la supervisión directa del BCE, con el fin de evaluar el nivel de concienciación de estas entidades en relación con la materialidad de los riesgos ASG. Al aplicar una sencilla taxonomía de términos basada en léxicos y expresiones regulares, mediante una herramienta que hemos desarrollado, somos capaces de identificar fragmentos relevantes con un alto nivel de precisión, a partir de la búsqueda de diferentes combinaciones de conceptos dentro de la taxonomía de términos. Los resultados indican que, aunque hay un mayor conocimiento de los riesgos ASG y se aprecia un aumento significativo en las instituciones más pequeñas (aquellas con activos por debajo de 30.000 millones de euros), el nivel de detalle incluido es generalmente bajo y la introducción de las nuevas divulgaciones obligatorias ASG debería tener un impacto significativo en el nivel de divulgación de información en esta área.

En este documento se propone un índice de precios para el mercado inmobiliario comercial de España y para los principales segmentos que lo componen. En la actualidad no existen índices de precios oficiales para estos activos, y la disponibilidad de estadísticas no oficiales es escasa y tiene una cobertura limitada. Por lo tanto, el índice estimado viene a cubrir esta laguna estadística y permite realizar un mejor seguimiento de la evolución de este mercado. El índice de precios se apoya en la metodología de cálculo de los índices de precios para el mercado de la vivienda del Instituto Nacional de Estadística, si bien tiene en cuenta algunos elementos específicos del sector inmobiliario comercial. Se han considerado, además, diferentes índices alternativos, aunque el indicador propuesto es el que presenta un mejor balance entre varias propiedades estadísticas analizadas en este trabajo.

Este documento analiza el vínculo entre el consumo de las familias y sus determinantes durante la pandemia en España. Para ello, se utiliza información tanto cuantitativa como cualitativa sobre la evolución del consumo contenida en la Encuesta de Expectativas de los Consumidores (CES, por sus siglas en inglés) llevada a cabo por el Banco Central Europeo. En primer lugar, se construye un índice según la información cualitativa. Su heterogeneidad por grupos poblacionales apunta a que la caída del consumo durante la pandemia ha resultado tanto del consumo no satisfecho (debido a las restricciones sobre él derivadas de las medidas adoptadas para contener la pandemia) como del deterioro registrado en el mercado de trabajo. Asimismo, los resultados indican que en 2021 (con datos hasta agosto), y en consonancia con la menor severidad de las medidas vigentes para contener la pandemia, el vínculo negativo entre el nivel de ingresos y la evolución del consumo (relacionado con el ahorro forzoso) se moderó con respecto a 2020. Posteriormente, se estima qué proporción de la recuperación del gasto que tuvo lugar en el tercer trimestre de 2020, tras la intensa caída registrada en el primer semestre, puede explicarse por los cambios observados en la distribución de horas trabajadas. En primer lugar, se combina información sobre el número de horas trabajadas, el sector, el género y la edad de la Encuesta de Población Activa (EPA) y el consumo de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) para estimar el cambio potencial en el gasto asociado a la evolución en el número de horas trabajadas para diversos grupos poblacionales (definidos según la edad, el género y la educación). Las estimaciones proporcionan también información sobre los grupos poblacionales cuyo gasto se ha visto más afectado por la caída del número de horas (los de bajo nivel educativo y con edades menores de 55 años). En un segundo paso, se comparan los cambios potenciales y los observados en el consumo de acuerdo con la CES para obtener la contribución de los cambios en las horas trabajadas a la evolución del gasto frente a la de otros factores (como el gasto pospuesto). Los resultados indican que los cambios en las horas trabajadas pueden explicar casi la mitad de la recuperación del consumo durante el tercer trimestre de 2020. Se analizan también las perspectivas de gasto futuro. El análisis basado en la información cualitativa contenida en la encuesta CES sobre este aspecto indica que en 2020 las perspectivas de gasto de los hogares con distinto nivel de ingresos eran similares, a pesar de que las familias de mayores rentas acumularon un volumen de ahorro forzoso mayor en este período. En 2021, una vez superada la fase de mayor incertidumbre sobre la situación económica y sanitaria, los hogares de mayores rentas presentaban también mejores perspectivas de gasto. Ello sugiere que la bolsa de ahorro acumulada durante la pandemia podría contribuir a imprimir un mayor vigor a la recuperación del consumo cuando la incertidumbre sobre la situación económica y sanitaria se disipe. Asimismo, los individuos que han sufrido ajustes en el número de horas trabajadas (especialmente, aquellos que han pasado a estar desempleados) parecen ser más pesimistas sobre la evolución de sus perspectivas laborales futuras. Ello incide, a su vez, sobre sus perspectivas de gasto, y sugiere que la consolidación de la recuperación en el mercado de trabajo observada recientemente desempeñará un papel determinante a la hora de explicar la senda futura del consumo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó en agosto de 2021 una nueva asignación
de derechos especiales de giro (DEG), por un importe equivalente a 650 mm de dólares
estadounidenses. Se trata de una cuantía significativa, que triplica los saldos actuales. En
particular, para España ha supuesto un incremento de un 16% de las reservas exteriores,
así como de los activos frente al FMI, que alcanzarían un 22% de las reservas en el balance del Banco de España, en comparación con el 10% actual.
El objetivo de esta expansión de los DEG es dar apoyo a un grupo de países con mayores
dificultades para combatir el impacto de la pandemia de COVID-19, a lo que se ha unido
una mayor necesidad de divisas para obtener suministros básicos, con un cierre de los
mercados de capitales internacionales. Es previsible que la nueva asignación dinamice la
operativa en DEG, dados su elevado importe, la acuciante necesidad de fondos en algunos países y el aprendizaje respecto a la asignación de 2009.
En este documento se explican las características del uso de los DEG como fuente efectiva
de liquidez, con la conclusión de que el modo en que se hace efectiva la emisión de este
instrumento es mediante las transacciones, y de que es la asignación el presupuesto formal de su existencia. Por tanto, el aspecto clave para su efectividad será la realidad de las transacciones que se hagan para obtener liquidez en el tráfico internacional. Con el objetivo de hacer un seguimiento de su uso, se sugiere una ratio de su liquidez. Por otro lado, en relación con la magnitud de la asignación, y puesto que se realiza en función de las cuotas de cada país miembro del FMI, se observa un «acaparamiento» por parte de los países desarrollados, frente a los que muestran más dificultades en el acceso a los mercados, que hará inevitable la adopción de medidas que favorezcan la recirculación de los DEG para alcanzar sus fines, de modo que se complementen eficazmente las reservas disponibles en el marco del comercio internacional.