Antecedentes
La crisis financiera
iniciada en 2008 puso de manifiesto que las autoridades no disponían de las herramientas necesarias para gestionar la inviabilidad de las entidades de forma ordenada. Por ese motivo, el desarrollo y la inclusión de potestades específicas que permitan a las autoridades públicas gestionar un proceso, el de resolución de una entidad, se convirtió en un asunto prioritario en la agenda del G20, que adoptó en octubre de 2011 el documento “Atributos clave de los regímenes de resolución efectivos para las entidades financieras” publicado por el FSB.
Este documento constituye una referencia internacional para que todos sus miembros establezcan un marco legal que regule la resolución. En el caso de la Unión Europea, se implementó mediante la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria (BRRD), que proporciona a las autoridades de resolución poderes y herramientas para intervenir las entidades que se ha determinado que son inviables o sea previsible que vayan a serlo en un futuro próximo. Así mismo, se creó el Mecanismo Único de Resolución y la Junta Única de Resolución.
Entidades sujetas a la normativa de resolución
El marco de resolución aplica a entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Objetivos de la resolución
- Mantener la continuidad de las funciones esenciales.
- Evitar repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera, especialmente previniendo el contagio, incluidas las infraestructuras de mercado, y manteniendo la disciplina de mercado.
- Proteger los fondos públicos minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias.
- Proteger a los depositantes cubiertos por la Directiva 2014/49/UE y a los inversores cubiertos por la Directiva 97/9/CE.
- Proteger los fondos y los activos de los clientes.