El análisis de resolubilidad se regula principalmente en la BRRD y la Ley 11/2015 y el resto de regulación que la desarrolla. Adicionalmente, a nivel de la Unión Bancaria, la JUR ha elaborado diferentes guías y documentos normativos que sirven de orientación a las autoridades y entidades para evaluar la resolubilidad. Esta regulación establece los criterios y procedimientos para evaluar si una entidad o grupo es resoluble. Esta evaluación tiene como objetivo determinar si estas sociedades pueden ser resueltas o liquidadas en caso necesario, asegurando así la estabilidad financiera.
Evaluación de la resolubilidad de entidades y grupos
La evaluación de la resolubilidad de una entidad se basa en varios factores, incluyendo su situación financiera, su capacidad para cumplir con sus obligaciones y la existencia de planes viables de reestructuración. La autoridad de resolución debe considerar si la entidad puede ser reestructurada o liquidada sin recurrir a fondos públicos. En el caso de los grupos, la evaluación de su resolubilidad considera la interconexión entre las entidades y las posibles repercusiones en el sistema financiero. Se evalúa la situación financiera de cada entidad dentro del grupo, así como la capacidad del grupo para cumplir con sus obligaciones. Además, se consideran los efectos potenciales de la resolución de una entidad del grupo en las demás entidades y en el sistema financiero en general.
Obstáculos a la resolubilidad de entidades y grupos
Es importante que las autoridades de resolución identifiquen los obstáculos a la resolubilidad y hagan un seguimiento de las acciones a adoptar para solventarlos. La Ley 11/2015 establece los factores y procedimientos para identificar y superar los obstáculos que pueden dificultar la resolubilidad de una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión, o un grupo de entidades. El objetivo es garantizar que estas entidades puedan ser reestructuradas o liquidadas de manera ordenada, sin causar problemas de estabilidad financiera.
La Ley identifica varios factores que pueden dificultar la resolubilidad de una entidad o grupo, como la falta de transparencia en la información financiera, la existencia de estructuras organizativas complejas, no poder asegurar la continuidad de servicios críticos proporcionados por terceros, la complejidad de las interrelaciones entre las entidades del grupo, dificultades derivadas de marcos regulatorios aplicables en distintas jurisdicciones y la posible fragmentación de los activos del grupo. La autoridad de resolución debe evaluar estos obstáculos y desarrollar estrategias para mitigarlos, asegurando así que la entidad o grupo pueda ser reestructurado o liquidado de manera eficiente.