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Este trabajo proporciona una visión acerca del posicionamiento relativo de los distintos sectores de actividad ante los principales retos que afronta la economía española. Por un lado, ante el desafío de impulsar el crecimiento a medio plazo, se examinan las perspectivas de evolución de la productividad por ramas, analizando el capital humano y tecnológico y las dinámicas empresariales dentro de cada sector. Por otro lado, se clasifican los sectores según la resiliencia frente a las diferentes transformaciones estructurales que han de afrontar las principales economías, como la tecnológica y digital, la transición energética y el envejecimiento poblacional. Para ello, se ha resumido la información procedente de un conjunto muy amplio de indicadores sectoriales, lo que permite clasificar las ramas productivas según el grado relativo de exposición frente a cada uno de estos retos. Los servicios de actividades profesionales, científicas y técnicas, información y comunicaciones, y actividades financieras y de seguros, así como la fabricación de maquinaria, productos informáticos, electrónicos y ópticos y la de productos farmacéuticos, se encuentran bien posicionados en términos tanto de productividad como de resiliencia, pero se trata de sectores, en general, con una reducida dimensión en la economía española. Por el contrario, la hostelería, el sector primario y los servicios de transporte presentan las mayores vulnerabilidades en las dimensiones analizadas.

Este documento propone un indicador agregado de alerta temprana de riesgo sistémico en el sector bancario. El indicador se obtiene de la estimación de un modelo logístico basado en las variables del sistema americano de calificación de riesgo CAMELS, complementado con variables macroeconómicas agregadas. El modelo se aplica al sistema bancario español usando datos a nivel de entidad para un ciclo financiero completo (1999-2021). El desempeño del modelo se evalúa no solo durante la pasada crisis financiera global y la siguiente crisis soberana, sino también durante la pandemia del COVID-19. El indicador propuesto tiene una orientación macroprudencial, lo cual difiere de la mayoría de los trabajos anteriores que intentan predecir quiebras bancarias individuales. Se encuentra que el indicador propuesto genera señales precisas de alerta de riesgo sistémico en un horizonte de dos años. En este contexto, el indicador produce señales de riesgo sistémico en el medio plazo, que complementan las que se obtienen de indicadores macrofinancieros y de otras medidas de materialización de riesgos.

Los sistemas de evaluación del crédito desarrollados internamente por los bancos centrales nacionales (ICAS) son una fuente importante de valoración del riesgo de crédito dentro del marco de los activos de garantía de política monetaria del Eurosistema. En particular, los ICAS permiten que las entidades financieras aporten los préstamos concedidos a sociedades no financieras como garantía en las operaciones crediticias en las que se instrumenta la política monetaria del Eurosistema. En este sentido, los ICAS contribuyen a que los préstamos puedan ser utilizados como colateral, dado que generalmente no son aceptados como tal en la operativa privada de repos, y benefician potencialmente en mayor medida a los bancos de tamaño mediano o pequeño que financian a las pymes. Esto último conduce no solo a una ampliación del conjunto de activos de garantía disponibles en las entidades financieras y a una mejora del mecanismo de transmisión de la política monetaria, sino también a una menor dependencia de fuentes externas de valoración del riesgo de crédito, como las agencias externas de calificación. La importancia de los ICAS se ha puesto de manifiesto en las medidas aprobadas por el Eurosistema en abril de 2020 en respuesta a la crisis del COVID-19. Dichas medidas apoyaron un mayor uso de los préstamos como activos de garantía e, indirectamente, incrementaron la importancia de los ICAS como fuente de valoración del colateral. Este documento analiza en detalle el papel de los ICAS en el contexto de las operaciones crediticias de política monetaria del Eurosistema, describiendo las guías y los requerimientos más relevantes exigidos a los ICAS en términos, entre otros factores, de la estimación de las probabilidades de impago, el papel de los modelos estadísticos frente al análisis experto, la información utilizada en el proceso de evaluación y la validación periódica de su funcionamiento. Adicionalmente, describe los principales aspectos de cada uno de los ICAS actualmente aceptados como sistema de calificación por el Eurosistema, destacando tanto sus elementos comunes como los diferenciales.

El gobernador interviene en la discusión del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que da soporte a las consideraciones de la política fiscal ante la recuperación gradual de la economía española y mundial tras la profunda crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Inicia sus comparecencias ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con un análisis de la evolución de la economía española y de las perspectivas macroeconómicas, y pasa a detallar los desarrollos nacionales e internacionales más recientes y las fuentes de incertidumbre que van a condicionar el avance de la actividad en los próximos años. En ese marco sitúa su visión del papel de las políticas económicas. En relación con el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ofrece su valoración sobre el cuadro macroeconómico que incorpora la evolución de los ingresos y gastos públicos, el tono resultante de la política fiscal y la dinámica de la deuda pública. Asimismo, plantea los principales retos para la política fiscal española a medio y a largo plazo, que se estructuran en torno a dos ejes estrechamente vinculados: reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la calidad de las cuentas públicas. Para finalizar, dedica unas breves reflexiones a la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En la comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado, el gobernador actualiza la información sobre la situación económica con los datos disponibles más recientes y realiza un análisis más detallado de la evolución de la inflación en el período reciente, sus causas y su potencial persistencia, así como de su impacto sobre la política monetaria del Banco Central Europeo.

Este documento analiza las competencias financieras de las empresas españolas de menos de 50 trabajadores (pequeñas empresas) a partir de una encuesta elaborada por el Banco de España entre marzo y mayo de 2021, que se engloba dentro de un proyecto desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): International Network on Financial Education (OCDE/INFE). La encuesta incluye una serie de preguntas con el objetivo de medir las competencias financieras de las empresas (conocimientos, actitudes y comportamientos financieros), así como la tenencia de instrumentos financieros, el impacto de la crisis del COVID-19 sobre su actividad o el nivel de digitalización de la empresa. Estas preguntas deben de ser contestadas por el propietario de la empresa, siempre que tome alguna decisión financiera en relación con aquella.
Los principales resultados de la encuesta apuntan a que, en general, en España los propietarios de las empresas con menos de 20 trabajadores y las empresas de servicios de alojamiento y hostelería, construcción y otros servicios personales (grupo heterogéneo de ramas, que incluiría empresas de educación, reparaciones o lavandería, entre otras) presentan unos conocimientos financieros bajos en comparación con las empresas de entre 20 y 49 trabajadores y con las del resto de los sectores. En cuanto a las actitudes financieras, los propietarios de las empresas de más de 10 trabajadores presentan una mayor tendencia a establecer objetivos financieros a largo plazo respecto a los propietarios de empresas de menos de 10 trabajadores. Algunos comportamientos financieros están menos generalizados en las empresas de menor tamaño (y especialmente en las de menos de 5 trabajadores), como, por ejemplo, disponer de estrategias en caso de robo y considerar opciones de distintos proveedores de productos o de servicios financieros. Finalmente, las pequeñas empresas españolas, independientemente de su tamaño, sobresalen por el bajo porcentaje de propietarios que han pensado en la financiación de su jubilación. El uso de los instrumentos de capital y de otras formas de financiación más recientes (como los bonos sostenibles, los business angels o la financiación participativa) es marginal en las pequeñas empresas españolas. Asimismo, es limitado en estas empresas el empleo del seguro de daños materiales, y principalmente del de interrupción de negocio.
No se observan diferencias importantes en los conocimientos, actitudes y comportamientos financieros según el género del propietario de la empresa. Además, en general, las competencias financieras medias en las pequeñas empresas mejoran con el nivel educativo tan solo si el propietario tiene formación concreta en temas relacionados con la empresa, la economía o las finanzas. Otras características que se asocian positivamente con las capacidades financieras, independientemente del nivel educativo, son disponer de 10 años de experiencia empresarial o tener un progenitor empresario.
El impacto de la crisis del COVID-19 en el nivel de facturación, en los beneficios y en la deuda fue bastante similar en empresas con distintos grados de competencias financieras. Sin embargo, los efectos negativos en el empleo y en la liquidez fueron algo menores para los cuartiles más altos de competencias financieras de los propietarios. Adicionalmente, mayores conocimientos financieros estuvieron asociados a una probabilidad superior de solicitar y de obtener un nuevo préstamo o de beneficiarse de un aval público. Las empresas con menores conocimientos financieros sí utilizaron en mayor medida transferencias de renta, así como moratorias de alquiler. Finalmente, existe una relación positiva entre competencias financieras y mayor nivel de digitalización en la empresa con anterioridad a la pandemia. Sin embargo, no existe correlación de competencias financieras y un incremento de las actividades digitales tras el COVID-19.

Durante los meses de marzo y abril de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) tomó una serie de medidas de política monetaria destinadas a proporcionar apoyo de liquidez al sistema financiero y facilitar el acceso a la financiación a la economía real para mitigar los efectos económicos adversos del COVID-19. Algunas de esas medidas se centraban en mantener y aumentar el universo de activos que las entidades de contrapartida pueden usar como garantía para participar en las operaciones de financiación del Eurosistema. Este documento, después de hacer un breve resumen del marco de activos de garantía de las operaciones de política monetaria, estudia las medidas adoptadas en ese ámbito por el BCE y por el Banco de España, y su impacto entre las entidades de contrapartida españolas. De este ejercicio se concluye que, en términos globales, en cuanto al importe de garantías aportadas, dos medidas destacan sobre las demás: la admisión de los préstamos parcialmente avalados por el Estado y la reducción de los recortes aplicados al valor de los activos. Si bien todas las entidades se han visto afectadas por las medidas, el alcance ha sido muy diferente entre ellas y ha estado determinado por las características de los activos utilizados como garantía y por la gestión de estos. Por último, se analiza la interacción entre las distintas medidas, puesto que varias de ellas pueden afectar a la elegibilidad y a la valoración de un mismo activo.

En las últimas décadas se han logrado notables avances en la lucha contra la pobreza y en la reducción de la desigualdad a escala global, que las dos grandes crisis de este siglo amenazan con revertir. Dadas sus responsabilidades y el ámbito global de actuación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido un actor con influencia sobre las políticas para hacer frente a la desigualdad y a la pobreza en el mundo. El relato histórico de la transformación de las políticas del Fondo en sus 75 años de vida desvela en qué medida cada uno de sus agentes internos (gerencia, miembros y plantilla) ha influido en la evolución de su posición institucional respecto a estos retos. El análisis basado en la metodología de «minería de textos» de los documentos que articulan la posición de cada uno de estos agentes permite arrojar luz sobre el grado de alineamiento entre los discursos de la institución y la descripción de los hechos históricos.

El cambio climático y la transición a una economía baja en carbono implican al sistema financiero mediante dos vías. Primero, por su papel de canalizador de la financiación necesaria para realizar las cuantiosas inversiones que requiere el cumplimiento del Acuerdo de París. En los últimos años se han producido avances —aún insuficientes— en el desarrollo de nuevos productos, siendo los bonos verdes el instrumento de financiación verde más avanzado. Segundo, por los riesgos financieros que el cambio climático y la transición hacia una economía de bajo carbono implican, los cuales afectan al balance de las entidades financieras y tienen, además, una naturaleza sistémica. Esto significa que las instituciones financieras han de evaluar estos riesgos y su exposición a ambos, aunque no es una tarea fácil. Todavía hay obstáculos y retos que superar, como la falta de una taxonomía completa que comprenda lo que es «verde» y lo que no lo es, la falta de información y de conocimiento de las metodologías apropiadas, y el largo e incierto horizonte temporal de estos riesgos, que exige el desarrollo de nuevas competencias y la integración de estos riesgos en el conjunto de la organización, así como la adopción de un enfoque prospectivo. Por último, las responsabilidades de los bancos centrales en materia de supervisión bancaria, estabilidad financiera, gestión de activos y política monetaria también hacen necesario analizar las posibles implicaciones sistémicas que pueden tener para la economía y el sistema financiero en su conjunto, con el fin de incorporar las cuestiones relativas al cambio climático en sus prácticas de supervisión y macroprudenciales, en la gestión de sus propias carteras y, dentro de sus mandatos, en su marco de política monetaria. Los avances realizados en los últimos años por los mercados financieros, las instituciones financieras y los bancos centrales han sido significativos, aunque todavía queda camino por recorrer.

Para los bancos centrales son cruciales el desarrollo y el mantenimiento de un marco de identificación de riesgos que permita la detección temprana de posibles amenazas para la estabilidad financiera y que facilite la aplicación de las políticas más adecuadas. Este documento resume los principales indicadores desarrollados para la identificación de riesgos tanto por parte del Banco de España como por otros bancos centrales y autoridades prudenciales. Así, esta recopilación de indicadores contribuye a mejorar la transparencia y la comunicación del Banco de España en su objetivo de potenciar la estabilidad del sistema financiero. El Banco de España utiliza algunos de estos indicadores en sus tareas regulares de identificación y seguimiento de riesgos, mientras que otros proceden de trabajos de investigación concretos. Este conjunto de medidas puede clasificarse en dos amplias categorías, en función del tipo de riesgo monitorizado: estándar o sistémico. Dada la naturaleza multidimensional del riesgo sistémico, su identificación va más allá de la propia suma de los riesgos estándar presentados en este documento (concretamente, riesgos de crédito, macroeconómico, de mercado, de liquidez y bancario). Este estudio también clasifica los indicadores en función del tipo de segmento institucional donde se originan los riesgos; concretamente, sector público, hogares, sociedades no financieras, bancos, sector financiero no bancario, mercado inmobiliario residencial y mercados financieros. Este trabajo muestra que los indicadores desarrollados y utilizados habitualmente por el Banco de España permiten una monitorización exhaustiva de las vulnerabilidades potenciales. En cualquier caso, el mantenimiento de un sistema de identificación de riesgos requiere una adaptación continua a los nuevos desarrollos teóricos y herramientas econométricas, así como a los nuevos desafíos. En este sentido, actualmente se están desarrollando nuevos indicadores para evaluar los riesgos derivados del cambio climático y los relacionados con los ciberriesgos. Se espera que las necesidades de seguimiento relacionadas con estos riesgos aumenten en el futuro.

La pandemia de COVID-19 provocó algunas distorsiones en el comercio internacional, la mayoría de carácter temporal, ya que los flujos comerciales internacionales de bienes recuperaron sus niveles previos a la pandemia a finales de 2020. En todo caso, los factores geopolíticos están ganando terreno en la configuración del comercio transfronterizo, puesto que muchos países adoptaron iniciativas destinadas a influir en la deslocalización de la actividad de sus empresas internacionales y en la reorganización de las cadenas globales de valor. Estas medidas recientes pueden verse como parte de un proceso previo, a mayor escala, que cuestiona el marco multilateral basado en la Organización Mundial del Comercio. Otro proceso en curso antes del estallido de la pandemia fue la desaceleración del comercio internacional de mercancías. Todos estos elementos han estimulado un debate sobre la dirección en la que podrían evolucionar el comercio internacional y la globalización. En este documento proporcionamos una revisión de los principales argumentos presentados en la literatura y los hechos estilizados necesarios para enmarcarla.

Desde el comienzo de la pandemia, el mercado de renta variable ha experimentado episodios de alta volatilidad. En alguno de ellos, el uso de derivados con fines especulativos por inversores privados ha sido citado como un factor relevante. En este documento se analizan dos casos concretos: la revalorización de la acción de GameStop, y el rápido ascenso y posterior caída del fondo Archegos Capital. En ambos, el apalancamiento facilitado por los derivados ha generado tensiones en el funcionamiento de segmentos de mercado poco líquidos en forma de ciclos retroalimentados de negociación.

Este documento analiza las diferencias que existen en la accesibilidad a servicios entre las zonas rurales y las urbanas en los países de la Unión Europea. Los resultados indican que, en España, las áreas rurales presentan una peor accesibilidad a servicios que sus homólogas europeas, mientras que las diferencias no son significativas en el caso de las áreas urbanas. La disponibilidad de información a nivel municipal para el caso español permite documentar un déficit en la accesibilidad a servicios de los municipios rurales frente a los urbanos dentro de cada comunidad autónoma. Asimismo, se observan algunas idiosincrasias en la geografía y en la fiscalidad de los municipios rurales que podrían explicar, al menos en parte, dicho déficit.

Las principales propuestas de reforma del marco de política fiscal de la Unión Europea inciden en tres bloques de cuestiones: i) simplificación de las reglas, para dotarlas de mayor transparencia y flexibilidad; ii) incorporación de nuevos instrumentos supranacionales de compartición de riesgos en la Unión Económica y Monetaria, en particular para facilitar la absorción de perturbaciones de elevada intensidad, y iii) los elementos fiscales deben venir acompañados de reformas nacionales (reformas estructurales) y supranacionales (por ejemplo, avanzar en la unión del mercado de capitales). El encaje de estas propuestas en el entorno macroeconómico actual resulta complejo, independientemente del cálculo de su factibilidad política. Este entorno es muy diferente al vigente en los años noventa del siglo pasado: se están evidenciando o consolidando tendencias estructurales como la digitalización, la globalización, la transición climática o el envejecimiento poblacional, que afectan a los tipos de interés naturales y al crecimiento potencial. Asimismo, tras la era de la «gran moderación», se ha pasado a un período de perturbaciones globales de elevada intensidad. En el presente documento argumentamos que este contexto reclama un cambio de paradigma en el diseño del marco de política fiscal, frente a la aproximación de reforma incremental que se ha seguido en las últimas décadas. Este tendría que incorporar una gobernanza mejorada de las reglas fiscales, que deberían ser más simples, operativas y creíbles que las actuales, pero ir más allá, e incorporar elementos supranacionales de compartición de riesgos que permitan un funcionamiento adecuado del policy-mix entre las políticas monetaria y fiscal, con una visión conjunta del área del euro. Proporcionamos elementos cuantitativos para ilustrar varios retos que condicionan, en la situación actual, cualquier proceso de reforma: i) las anclas de deuda de medio plazo deben ajustarse a las expectativas de medio y largo plazo acerca de los tipos de interés y el crecimiento potencial; ii) las economías pueden seguir viéndose sujetas a perturbaciones muy intensas, lo que conlleva la necesidad de recuperar los márgenes de maniobra de la política fiscal en el medio plazo, y iii) resulta necesario desarrollar mecanismos realistas de absorción de los desequilibrios fiscales existentes.

Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, los precios mayoristas de la electricidad casi se duplicaron en España. De acuerdo con las estimaciones presentadas en este documento, una parte significativa de este aumento —alrededor del 20?%— vendría explicado por el encarecimiento observado, en el mismo período, en los precios de los derechos de emisión de CO2, cuyo efecto repercute directamente en los costes de generación de la energía eléctrica a través de tecnologías que hacen uso de combustibles fósiles. No obstante, la mayor parte del incremento —aproximadamente la mitad— provendría del aumento de los precios del gas, materia prima empleada por las centrales de ciclo combinado. La evolución de los precios mayoristas de la electricidad en otros mercados europeos ha sido similar a la del caso español. Sin embargo, existen diferencias sustanciales en cuanto a la traslación a los precios minoristas. En particular, el encarecimiento de los precios de la electricidad en el mercado mayorista habría explicado cerca de una tercera parte del aumento de la tasa interanual del índice armonizado de precios de consumo en España entre diciembre de 2020 y junio de 2021, mientras que su contribución a la inflación general de las principales economías del área del euro habría sido muy inferior. Las discrepancias en los sistemas de fijación de precios minoristas de la electricidad podrían estar detrás de las diferencias encontradas.

En este documento se analiza el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la vulnerabilidad financiera del sector corporativo español. Las simulaciones realizadas muestran que la crisis habría elevado significativamente las necesidades de liquidez de las empresas en 2020, s bien las medidas adoptadas por las autoridades nacionales e internacionales facilitaron el acceso al crédito en condiciones favorables, lo que mitigó sustancialmente los riesgos de liquidez a corto plazo. Sin embargo, la fuerte caída de los niveles de rentabilidad, unida al crecimiento del endeudamiento, se habría traducido en un aumento notorio de la proporción de compañías vulnerables (es decir, aquellas con patrimonio neto negativo o con niveles de endeudamiento elevados), que habría sido más acusado dentro de las pymes y en los sectores más afectados por la pandemia. Las proyecciones para el período 2021-2023 anticipan una progresiva disminución de estos porcentajes, en línea con la reactivación prevista de la actividad. Los resultados también apuntan a que, como consecuencia de la crisis, se produciría un incremento de entre 2 puntos porcentuales (pp) y 3 pp de la proporción de empresas con riesgo de ser inviables por tener pérdidas continuadas hasta 2023, y de entre 3 pp y 4,7 pp en la de aquellas que seguirían siendo viables pero que tendrían dificultades para hacer frente a sus deudas con sus ingresos futuros esperados (empresas sobreendeudadas). Asimismo, las simulaciones realizadas muestran que la deuda no sostenible de las empresas que habrían pasado a encontrarse en esta última situación se situaría entre los 9 mm y los 18,6 mm de euros, según el escenario considerado, concentrándose la mayor parte de este importe en el segmento de las pymes.

La persistencia de la crisis sanitaria hizo necesario que las principales economías avanzadas aprobaran nuevas medidas de política fiscal o ampliaran los plazos de las que vencían. Este trabajo resume las principales actuaciones adoptadas desde otoño de 2020 en las principales economías del área del euro (Alemania, Francia, Italia y España), Estados Unidos y Reino Unido, complementando así un trabajo anterior [Cuadro-Sáez et al. (2020)] centrado en las medidas aprobadas durante la primera mitad de 2020. Asimismo, se detallan las acciones tomadas dentro del marco temporal de ayudas de Estado que la Comisión Europea adoptó para proporcionar apoyo directo a las empresas más afectadas y limitar distorsiones en el comercio y la competencia en el mercado interior. Este conjunto de actuaciones ha contribuido a mitigar los riesgos asociados a una retirada temprana del estímulo fiscal. Entre las nuevas medidas adoptadas destacan las provisiones adicionales de apoyo a las empresas en los países europeos, las medidas de ayudas directas a los hogares en Estados Unidos y las nuevas provisiones de apoyo al empleo en el Reino Unido.

El objetivo de ampliar la participación en la unión bancaria europea era permitir que los países outs entablaran una cooperación estrecha, pero no incluía la participación simultánea en el mecanismo de tipo de cambio (ERM II, por sus siglas en inglés). Centrándose en los casos de Bulgaria y Croacia, este documento intenta responder a varias preguntas. ¿Cuál es la justificación del doble requisito de tener que postularse simultáneamente para convertirse en miembro del ERM II y prepararse para convertirse en miembro de la unión bancaria a través del mecanismo de coordinación de «estrecha cooperación», basado en normas entre las autoridades nacionales competentes (ANC) de los países de la Unión Europea que no pertenecen al área del euro y el Banco Central Europeo (BCE)? ¿La integración de los sistemas bancarios de los países en estrecha cooperación con los sistemas bancarios de la zona del euro respalda la decisión de adherirse al ERM II y «optar» por el Mecanismo Único de Supervisión (MUS)? ¿Cuáles son las ventajas de prepararse para convertirse en miembro de pleno derecho de la zona del euro y del MUS? A partir de la investigación realizada en este documento, es evidente que existen claros beneficios de una estrecha cooperación para estos Estados miembros cuyas monedas nacionales ya están vinculadas al euro, en vista de la posición dominante que tienen los bancos de la eurozona en sus respectivos mercados nacionales. Es más difícil para un banco central nacional o una ANC ejercer su discreción en la implementación de las decisiones del BCE una vez que está comprometido con el camino que conduce a la plena adhesión a la Unión Económica y Monetaria (UEM). Por lo tanto, el compromiso de unirse a la UEM minimiza el riesgo de autoridad para el BCE y para la Junta Única de Resolución, ya que las salvaguardias dejan de ser significativas y la rescisión no es un problema. La incertidumbre sobre el funcionamiento y la durabilidad del acuerdo de cooperación estrecha se ha eliminado en gran medida.

Ante un período muy prolongado de baja inflación, el Banco de Japón ha ido modificando su estrategia de política monetaria en las dos últimas décadas y ha sido pionero en la introducción de medidas no convencionales: desde reducir los tipos de interés oficiales a cero y, más recientemente, situarlos en niveles negativos, pasando por varios programas de compra de activos y forward guidance, hasta la política de control de la curva de tipos de interés (Yield Curve Control) que implantó en septiembre de 2016. Pese a todos estos esfuerzos, Japón ha continuado registrando un período muy persistente de baja inflación, con tasas bastante alejadas del objetivo del banco central en las últimas décadas. En este documento se analizan los cambios en la estrategia del Banco de Japón en su lucha contra la baja inflación, con un foco especial en las razones que lo llevaron a adoptar la política de control de tipos de interés, se describen su funcionamiento y sus principales características, y se evalúan los resultados obtenidos bajo esta. Si bien esta nueva estrategia ha permitido al Banco de Japón controlar la curva de rendimientos de una manera más eficaz y sostenible, reducir el volumen de compras de activos y atenuar los potenciales efectos adversos para la estabilidad financiera, el análisis empírico muestra que aún no ha conseguido modificar la naturaleza adaptativa y persistente del proceso de formación de precios y de las expectativas de inflación en Japón.

El impacto económico de la pandemia de COVID-19 ha sido desigual en los países de la zona del euro. Entre los factores que lo explican, estarían la intensidad de la crisis sanitaria en cada territorio y la severidad y la duración de las medidas de contención aplicadas para limitar la propagación del virus, así como las diferencias estructurales de las economías, y singularmente su especialización productiva. El análisis empírico presentado en este trabajo indica que la importancia relativa de las ramas de servicios más vulnerables —al conllevar una mayor interacción social— y la capacidad para implantar teletrabajo explican en buena parte el impacto económico diferencial de la pandemia entre los países de la zona del euro.

Este documento describe el conjunto de modelos vectoriales autorregresivos bayesianos (BVAR) que se utilizan en el Banco de España para elaborar proyecciones de crecimiento del PIB y simular escenarios de riesgo macrofinanciero para Brasil y México. Esta herramienta está compuesta por un modelo base para elaborar proyecciones de referencia y varios modelos satélite para llevar a cabo escenarios de riesgo. Ilustramos el uso de este marco de modelización con aplicaciones empíricas específicas. Dada la importancia material de Brasil y México para la economía española y su sistema bancario, este conjunto de modelos contribuye al seguimiento de la exposición internacional de España.

El artículo utiliza diferentes datos y enfoques para analizar el impacto en el empleo del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) decretado en 2019. Del análisis se desprende que, tras el incremento del SMI en dicho año, hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios. El artículo desarrolla varios ejercicios alternativos centrados en el impacto sobre los grupos de trabajadores a los que va dirigida la reforma del SMI que sugieren un mayor impacto adverso sobre el empleo de los colectivos de mayor edad y una reducción más acusada de las horas trabajadas y del flujo de creación de empleo para los jóvenes. Finalmente, utilizando datos de la hostelería, el artículo aborda las dificultades que existen a la hora de identificar de manera inequívoca un grupo comparable al de los trabajadores cuyo salario se sitúa en el SMI y de cómo esta circunstancia obliga a ser cautelosos en la interpretación de los impactos estimados.

En este artículo estudiamos el interés que despiertan distintos conceptos relacionados con la innovación financiera en España. Realizamos nuestro análisis a través de Google Trends, una herramienta que permite analizar la intensidad con la que se consulta un término determinado en el motor de búsqueda de Google. Si bien la herramienta no muestra las búsquedas en términos absolutos, resulta de utilidad para entender las diferencias relativas entre distintos términos y regiones. Los resultados apuntan a que existen diferencias entre Comunidades Autónomas (CCAA), aunque estas varían dependiendo de la categoría de innovación financiera. La diferencia es mucho mayor en los términos relacionados con regulación y las nuevas tecnologías aplicadas a la financiación sostenible, mientras que es casi inexistente en las categorías de criptomonedas y métodos de pago. En cuanto a los factores que pueden explicar estos resultados, identificamos la renta y la edad como posibles determinantes de las diferencias entre CCAA. Estos resultados pueden ser de utilidad de cara a desarrollar programas de educación financiera y orientar mejor los esfuerzos hacia las iniciativas regulatorias en el ámbito digital en las que exista más disparidad en interés y conocimiento.

Este documento ocasional presenta un marco sencillo, transparente e independiente de modelos para supervisar la acumulación de vulnerabilidades en las economías emergentes que puedan llegar a afectar a la estabilidad financiera de España, a través de vínculos —bien financieros, bien de inversión extranjera directa o comerciales— o por ser capaces de generar turbulencias globales. Los paneles de vulnerabilidad propuestos se elaboran a partir del percentil de riesgo de las distribuciones de frecuencias histórica y de sección cruzada en el que se sitúan un conjunto de 34 indicadores, que incluyen variables de mercados financieros, fundamentos macroeconómicos —que se agrupan en variables reales, fiscales, bancarias y externas— e indicadores de calidad institucional y tensiones políticas. Estos paneles de vulnerabilidad, presentados en forma de mapas de calor, pueden ser una herramienta complementaria a otras utilizadas habitualmente, como la brecha crédito-PIB de Basilea y los índices sintéticos de vulnerabilidad.

Este documento muestra la diferencia en la emisión de bonos corporativos entre el área del euro y Estados Unidos en 2020, especialmente en el segmento de alto rendimiento [high yield (HY)], y analiza cómo las medidas de política monetaria adoptadas por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE) en respuesta a la crisis del COVID-19 pueden haber contribuido a explicar tal diferencia. Documentamos que la emisión de bonos HY desde febrero de 2020 ha sido relativamente menor en el área del euro que en Estados Unidos. Las medidas de la Reserva Federal dirigidas al segmento HY, principalmente la compra de fondos cotizados en bolsa [exchange traded funds (ETF)] compuestos de bonos HY, podrían haber reducido los diferenciales crediticios y mejorado la liquidez del mercado, lo que a su vez podría haber estimulado la emisión de deuda. Alternativamente, en el área del euro los emisores HY pueden haber disfrutado de mejores condiciones de financiamiento bancario debido a las operaciones de refinanciamiento a plazo más largo del BCE y a otras medidas de las autoridades fiscales nacionales, lo que ha llevado a dichos emisores a sustituir la financiación mediante bonos por crédito bancario. El documento analiza estas posibilidades y argumenta que todas ellas pueden haber desempeñado un papel hasta cierto punto.

En este trabajo se construye, en primer lugar, un indicador a escala autonómica que trata
de medir el volumen de medidas desplegadas en cada momento del tiempo para contener
la pandemia. Para ello se analiza, mediante técnicas de análisis textual, la información
contenida en las noticias de prensa. Al inicio de la pandemia, las medidas se tomaron de
forma centralizada, pero a partir de junio comienzan a observarse diferencias entre regiones,
que se intensificaron en la parte final del año.
En segundo lugar, utilizando estimaciones lineales, con datos mensuales y con un nivel
de desagregación autonómico, se documenta que la mayor parte de la reducción de la
movilidad observada en España viene explicada por las restricciones desplegadas. No
obstante, se aprecia un cambio en esta relación a lo largo de los últimos meses. Así, en las
fases iniciales de la pandemia, se encuentra que la reducción de la movilidad fue superior
a la que se desprendería de las restricciones aprobadas. Esto es, al principio se produjo,
aparentemente, una cierta reducción de la movilidad de carácter voluntario. Sin embargo,
tras la desescalada, el comportamiento de la movilidad se ha ajustado más al explicado por
las medidas de contención en vigor.
Por último, los resultados del trabajo apuntan a que la mayor parte de la caída en la actividad
económica desde el comienzo de la crisis sanitaria puede explicarse por las reducciones
observadas en la movilidad. El análisis considera solamente los efectos de corto plazo
sobre la actividad, lo que es de gran utilidad para la elaboración de las proyecciones acerca
del comportamiento del PIB en el trimestre corriente. La aproximación metodológica que se
ha seguido no permite, por el contrario, evaluar el efecto de las medidas de contención de
la pandemia sobre la actividad en horizontes temporales mayores. En particular, el impacto
adverso sobre el producto de la economía que tiene lugar de forma contemporánea como
consecuencia de las restricciones puede verse contrarrestado en el medio plazo por un
efecto de signo opuesto, en la medida en que las restricciones impuestas hoy sirvan para
evitar otras más contundentes en el futuro.

La estimación de los efectos del ciclo económico sobre la capacidad de financiación de las Administraciones Públicas desempeña un papel fundamental en el análisis de la política fiscal en tiempo real, especialmente en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Este artículo explora, para un conjunto de países de la UE y el Reino Unido, las revisiones del saldo estructural estimado por la Comisión Europea entre su primera publicación y la estimación actual. Los resultados sugieren que las revisiones son negativas y significativas a lo largo del período anterior a 2008, pero relativamente menores a partir de entonces. Las revisiones muestran un comportamiento procíclico, pero a la vez son negativas en media. Asimismo, cambios en los datos publicados (gastos e ingresos públicos y crecimiento del PIB) explican tanto o más que las revisiones en las estimaciones del PIB potencial. De acuerdo con esta evidencia, las recomendaciones de política fiscal que emanaron del PEC durante la expansión hasta 2008 estuvieron basadas en estimaciones excesivamente optimistas del componente estructural del saldo fiscal, a la luz de las revisiones posteriores. Sin embargo, durante la crisis y la posterior recuperación, dichas estimaciones no han sufrido revisiones significativas.

El análisis del ciclo regional en España pone de relieve la existencia de una elevada coherencia en la trayectoria de la mayor parte de las regiones, pero también permite detectar comportamientos singulares, que, en su mayor parte, condicionan la duración e intensidad de las recesiones. Son estas singularidades las que aconsejarían completar las políticas de ámbito nacional con actuaciones específicas dirigidas a determinados territorios. Este trabajo adopta dos enfoques complementarios para datar y analizar el ciclo regional: el primero usa un indicador agregado de carácter anual, como el PIB, para el que se dispone de una serie larga y permite contextualizar los aspectos de más largo plazo, mientras que el segundo utiliza un conjunto de indicadores específicos mensuales para un período más reciente y proporciona una caracterización más precisa del ciclo de referencia.

En 2017, el Banco de España publicó un documento ocasional (DO 1701) en el que se describía el marco institucional del sistema de pensiones, se presentaban sus principales retos a medio plazo y se analizaban algunas propuestas de reforma. En este nuevo documento, el gobernador actualiza ese análisis para la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, sobre la base de las cifras y los desarrollos normativos más recientes. Asimismo, plantea las alternativas de reforma del sistema de pensiones sobre la base de su impacto sobre su sostenibilidad financiera y del conjunto de las finanzas públicas, sobre el empleo, la productividad y el crecimiento potencial de la economía, y sobre la suficiencia y la equidad inter- e intrageneracional del sistema.

El gobernador contribuye con su análisis sobre la imparcialidad y la autonomía de las autoridades económicas independientes a la revisión de «las medidas necesarias de refuerzo de la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación» que realiza esta Comisión, ante la que comparece. Para ello, durante su intervención revisa los argumentos que justifican la independencia de las autoridades y los supervisores económicos. Pasa después a tratar los elementos que configuran la independencia formal de una institución y cómo se concretan en el caso del Banco de España. Seguidamente, reflexiona sobre la condición de independencia, como una condición necesaria, pero no suficiente, para el buen desempeño de los organismos independientes. Señala después algunas posibles vías para reforzar la independencia del Banco de España y, a continuación, identifica eventuales mejoras del modelo de supervisión financiera en España. Por último, se refiere a los mecanismos de control y a los estándares de transparencia del Banco de España, así como a algunos aspectos de su gobernanza.

En la discusión del Proyecto de los primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE) que deberán afrontar el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19, el gobernador inicia su comparecencia con un análisis del comportamiento reciente de la economía y de su posible evolución en los próximos trimestres, a la luz de las proyecciones del Banco de España. En ese marco, valora el cuadro macroeconómico del Gobierno en el que se apoya el Proyecto de PGE. A continuación, calibra las principales propuestas del Proyecto en términos del tono de la política fiscal, la composición de los ingresos y gastos públicos y su pertinencia, y los riesgos para el cumplimiento del objetivo de déficit público. Por último, expone los que considera que son los retos más importantes para la política fiscal de España en el medio plazo.

El objetivo principal de este trabajo es, por un lado, proporcionar un conjunto de hechos estilizados sobre las regularidades de los patrones cíclicos en España en relación con los de los principales países europeos y, por otro, analizar la sincronización de la evolución de las principales variables reales de estas economías, que mantienen entre sí estrechas relaciones comerciales y financieras. Se emplea un enfoque sectorial para poder tener en cuenta la heterogeneidad de comportamiento de los diferentes componentes de la oferta y de la demanda.

Presentamos evidencia basada en microdatos para la Unión Europea, Estados Unidos y Japón que indica que los contribuyentes de mayor edad soportan tipos impositivos efectivos más reducidos que los más jóvenes (por caída de renta y tipo de cesta de consumo). No obstante, los cambios impositivos de las últimas décadas han dado como resultado un aumento de la contribución relativa de este grupo a las finanzas públicas.

La taxonomía de actividades económicas sostenibles de la Unión Europea (UE) se ha creado con el objetivo de que se convierta en una normativa transversal para todas las regulaciones europeas actuales y futuras de finanzas sostenibles. Tras haberse propuesto en 2018, en junio de 2020 se publicó finalmente el reglamento que contiene sus principios básicos y sus fundamentos. En este documento se describen las características fundamentales de la taxonomía, su funcionamiento, su influencia sobre el futuro estándar de bono verde europeo y su previsible desarrollo futuro. Además, se reflexiona sobre su importancia para los bancos centrales desde el punto de vista de sus inversiones y sobre su relevancia para la UE y para la financiación sostenible, y se apuntan las ventajas que supone, pero también los retos a los que se enfrenta, para que pueda ser utilizada por empresas e inversores. En última instancia, la aplicación exitosa de la taxonomía europea es clave para que Europa logre sus ambiciosos objetivos climáticos y medioambientales, y para que las generaciones futuras disfruten de un mundo más habitable y sostenible.