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El artículo describe el peso de los costes energéticos directos sobre la cifra de negocio de las empresas industriales y de servicios en 2019, diferenciando por tipo de combustible (electricidad, gas natural y otros combustibles), así como por tamaño de las empresas y por sector de actividad. El análisis muestra la gran heterogeneidad existente en el gasto relativo en los distintos inputs energéticos entre las diversas ramas productivas. Para las ramas intensivas energéticamente, también existen diferencias en la composición del gasto energético según el tamaño de la empresa. En general, a mayor tamaño empresarial, menos proporción de la cifra de negocio se destina a gastos en electricidad y en otros combustibles, pero más a gastos en gas natural.

Favorecer la movilidad eléctrica en el sector del transporte es esencial para la transición a una economía baja en emisiones. Uno de los objetivos de los programas de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES) en España es fomentar la adquisición de vehículos eléctricos por parte de los ciudadanos y de las empresas. En este artículo se analiza el impacto del programa MOVES II, lanzado en junio de 2020, sobre las matriculaciones de vehículos eléctricos, para lo que se utilizan los datos individuales de la Dirección General de Tráfico. Los resultados sugieren un impacto muy heterogéneo dentro de las diferentes comunidades autónomas. En particular, el programa habría incrementado de media al menos 1 punto porcentual el porcentaje de matriculaciones nuevas de vehículos eléctricos en Asturias, Madrid, Navarra, Baleares y en el promedio de las provincias de Cataluña desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2020. Por el contrario, el impacto medio en las matriculaciones de vehículos eléctricos de las provincias dentro de cada una del resto de las regiones no puede descartarse que fuera estadísticamente nulo.

Este artículo examina el impacto que algunos acontecimientos recientes (en particular, el repunte de las tasas de inflación y la guerra en Ucrania) están teniendo sobre las expectativas económicas de los hogares españoles. Para ello, se utiliza la información de la Encuesta de Expectativas de los Consumidores (CES, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo. El análisis muestra que la revisión al alza que, desde mediados de 2021, presenta la inflación esperada por los hogares se ha trasladado a sus perspectivas de gasto en términos nominales, que habían mostrado una tendencia alcista hasta la irrupción de la guerra. Esta senda creciente se ha interrumpido desde el inicio del conflicto bélico, que ha incidido de forma significativa sobre las perspectivas relativas a los determinantes del consumo de los hogares: estos anticipan ahora una evolución menos favorable de sus rentas, de su posición patrimonial y de la situación económica general que antes de la guerra. En un contexto de mayor avance proyectado de los precios, la interrupción de la tendencia alcista que mostraban en meses anteriores las perspectivas de los hogares relativas al avance de su consumo nominal (con un ajuste a la baja, en particular, de la previsión de adquisición de bienes duraderos) conllevaría un menor dinamismo del gasto en términos reales. Además, la brecha entre el avance previsto del gasto nominal y el de los ingresos se ha ampliado con respecto al comienzo del año, por lo que las familias estarían anticipando, implícitamente, unas tasas de ahorro algo más reducidas.

En este artículo se presentan los resultados principales de la Encuesta Financiera de las Familias 2020, que muestran la situación financiera de los hogares españoles a finales de ese año. Estos resultados son de especial interés, dado que permiten caracterizar conjuntamente las rentas, los activos, las deudas y los gastos de los hogares españoles en el contexto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, se describen los cambios más relevantes ocurridos en estas dimensiones con respecto a la última edición de la Encuesta, correspondiente a 2017.

Los últimos resultados de la Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) evidencian que, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, la actividad de las pymes españolas siguió creciendo, si bien a un menor ritmo que el registrado seis meses antes. El repunte de los costes llevó a un deterioro de los beneficios empresariales para la mayor parte de estas empresas. El acceso a la financiación externa no es considerado por la mayoría de las pymes como un factor preocupante, y, de hecho, el indicador de dificultades de acceso al crédito bancario ha permanecido en valores muy reducidos. No obstante, los resultados muestran una interrupción, durante el período examinado, en la pauta de mejoría del grado de accesibilidad al crédito bancario, vinculada a la percepción negativa que las pymes tienen sobre la situación económica general. Además, un porcentaje significativo de pymes declararon un aumento de los costes de financiación. En un contexto de elevada incertidumbre generado, entre otros factores, por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, las empresas encuestadas anticipaban, en conjunto, un deterioro en el acceso a la financiación entre abril y septiembre de este año.

La crisis del COVID-19 ha tenido un gran impacto en la evolución de la economía y ha afectado a la situación económica y financiera de las empresas españolas, aunque con una elevada heterogeneidad sectorial. Este artículo indaga sobre cómo ha afectado esta crisis a la solvencia y a la demografía empresarial en España a través de distintos indicadores. El análisis realizado evidencia que, hasta ahora, los efectos han sido muy moderados en comparación con crisis anteriores, lo que se explica en gran parte por las medidas desplegadas por las autoridades económicas para mitigar los efectos de esta perturbación. No obstante, existen ciertos riesgos latentes que podrían materializarse, especialmente, si la recuperación económica acabara siendo menos vigorosa de lo que se anticipa.

Los planes de pensiones de empresa tienen un incentivo fiscal que puede, bien contribuir a que los partícipes aumenten su ahorro total, o bien, por el contrario, desplazar un ahorro que se habría materializado en otros vehículos financieros en ausencia de dicho incentivo. Este trabajo utiliza datos de la Encuesta Financiera de las Familias para aproximar el ahorro adicional generado por este tipo de planes. Para ello, se compara la situación financiera de los partícipes en planes de pensiones de empresa con la de un grupo de trabajadores que, sin disponer de dichos planes, tenían edades, niveles de cualificación y puestos de trabajo similares. Una vez se construye este grupo comparable, se observa que, en promedio, cada euro ahorrado en planes de pensiones de empresa aumentó el ahorro privado en torno a 66 céntimos. Esta es la ratio entre la diferencia en riqueza neta media de los partícipes y la del grupo comparable (13.600 euros) y la cantidad media acumulada en planes de pensiones (20.600 euros). Una vez se ajusta por el hecho de que las contribuciones están exentas de tributación, el ahorro adicional generado representa en torno a 31 céntimos por cada euro contribuido, obtenido como la ratio entre los 6.500 euros de diferencia en riqueza ajustada por el subsidio fiscal entre ambos grupos y la cuantía media acumulada en planes de pensiones de empresa.

La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto muy heterogéneo entre las distintas ramas productivas de la economía. Las menos afectadas han sido las que requieren menor contacto interpersonal y son menos intensivas en empleo, como la industria. Este hecho habría sido determinante para explicar el dinamismo observado en la inversión en bienes de equipo durante la actual crisis, ya que las ramas con mayor peso relativo en la inversión son las que, en general, han mostrado una mayor resiliencia. Además, el impulso hacia la digitalización y el comercio electrónico, dados los requerimientos de inversión en equipo asociados a su implementación, habrían ayudado a amortiguar la caída de este agregado en la actual crisis. Por otro lado, a diferencia de recesiones anteriores, las condiciones de financiación relativamente favorables habrían contribuido a que este factor no haya supuesto una limitación adicional para afrontar los proyectos de inversión planeados. Por último, también las Administraciones Públicas habrían desempeñado un papel relevante en el sostenimiento de la inversión en bienes de equipo en esta crisis. Por un lado, por el esfuerzo en digitalización que han realizado para continuar prestando servicios en un contexto de restricciones a la movilidad y, por otro, por la adquisición de equipo para hacer frente a la emergencia sanitaria.