La crisis financiera iniciada en 2008 puso de manifiesto que las autoridades no disponían de las herramientas necesarias para gestionar la inviabilidad de las entidades de forma ordenada. Por ese motivo, el desarrollo y la inclusión de potestades específicas que permitan a las autoridades públicas gestionar un proceso, el de resolución de una entidad, se convirtió en un asunto prioritario en la agenda del G20, que adoptó en octubre de 2011 el documento “Atributos clave de los regímenes de resolución efectivos para las entidades financieras” publicado por el FSB.
Este documento constituye una referencia internacional para que todos sus miembros establezcan un marco legal que regule la resolución. En el caso de la Unión Europea, se implementó mediante la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria (BRRD), que proporciona a las autoridades de resolución poderes y herramientas para intervenir las entidades que se ha determinado que son inviables o sea previsible que vayan a serlo en un futuro próximo. Así mismo, se creó el Mecanismo Único de Resolución y la Junta Única de Resolución.
El marco de resolución aplica a entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.