Estabilidad financiera y política macroprudencial

Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera

La Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, participado por representantes de alto nivel de dicho Ministerio y de las tres autoridades con responsabilidades sectoriales de regulación y supervisión prudencial del sistema financiero español: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La AMCESFI se estructura en torno a un Consejo (nivel decisorio) y un Comité Técnico de Estabilidad Financiera (nivel asesor). El Consejo está presidido por la Ministra de Economía y Empresa, y vicepresidido por el Gobernador del Banco de España, e incluye a la Subgobernadora del Banco de España entre sus miembros. Por debajo del Consejo opera el Comité Técnico cuya presidencia recae en la Subgobernadora del Banco de España y vicepresidencia en el Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional (del Ministerio). La membresía del Comité Técnico incluye dos representantes del Banco de España: el Director General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución (miembro y secretario) y la Directora General de Supervisión (miembro). El Comité Técnico se ocupa del trabajo preparatorio de los asuntos que se someten a deliberación y decisión del Consejo.

La AMCESFI tiene encomendada la función de realizar, de manera regular, el seguimiento y análisis de factores de riesgo sistémico. Entre sus facultades se encuentra la de emitir alertas y recomendaciones sobre cualquier cuestión que pueda afectar a la estabilidad financiera, así como opiniones sobre propuestas de medidas macroprudenciales previamente notificadas a la AMCESFI por las autoridades sectoriales.

Entre las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de la AMCESFI se contempla el deber de: (i) publicar las opiniones, alertas y recomendaciones emitidas, salvo que, en su caso, su difusión sea considerada desaconsejable para la estabilidad financiera, y (ii) preparar y presentar un informe anual ante el Parlamento (Comisión de Economía y Empresa del Congreso de los Diputados).