¿Cuáles eran las obligaciones anteriores y cuáles son las actuales de las entidades sobre las comisiones?

Antes: Las entidades prestan servicios a sus clientes y cobran por ello un determinado precio, comúnmente conocido como comisión bancaria. Por ello, aspectos como la forma de establecer tales precios, la información a poner a disposición de la clientela o las eventuales modificaciones en los precios, junto con la remisión de información al Banco de España sobre estos asuntos, son cuestiones que han sido tratadas por la normativa  a lo largo del tiempo.

Inicialmente, tras imponerse el principio de libertad en la fijación y establecimiento de comisiones, la normativa hoy ya derogada –fundamentalmente la Orden de 12 de diciembre de 1989 y Circular 8/1990 del Banco de España- exigía que las comisiones se registrasen en el folleto de tarifas de comisiones que cada entidad tenía a disposición del público. En el mismo, previamente registrado en el Banco de España, se incluían las comisiones máximas que las entidades cobraban a su clientela por la prestación de servicios aceptados o consentidos por éstos.

Sin embargo, actualmente, no se prevé ya dicha obligación de registrar con carácter previo ese  folleto, como tampoco su carácter de importes máximos, aunque sí la necesidad de informar públicamente sobre las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes.  Nos referimos tanto a las hoy vigentes Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios y la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.

En aplicación de esas normas, se regula la información precontractual exigible, debiendo recoger el importe de las comisiones que se adeudarán y de los gastos que se repercutirán, manteniendo en todo caso la necesaria previsión contractual y la forma de realizar cualquier modificación. Consecuentemente, se refuerza la libertad de pacto entre entidad y cliente a la hora de establecer las comisiones que se cobren por operaciones o servicios bancarios pactados pero, siempre y en todo caso, cumpliendo estos requisitos:

  • Que sean servicios prestados y aceptados o solicitados por el cliente;
  • Debe mantenerse a disposición de los clientes –en las oficinas, páginas web de entidades y del Banco de España- una información sobre las comisiones habitualmente percibidas por los servicios que presta cada entidad con mayor frecuencia, junto a los gastos repercutidos, todo en un formato unificado que facilite la comparación entre entidades.
  • En el contrato, deben incluirse tanto las comisiones y gastos repercutibles, como los  derechos y obligaciones de las partes en caso de modificación de las mismas.
  • Dependiendo de cada contrato, se determinará la obligación de información previa que la entidad debe cumplir.

Recordemos al lector que, para el caso específico de los servicios de pago (cuentas, transferencias, tarjetas y domiciliaciones) la entidad facilitará al cliente la información y condiciones relativas a la prestación de servicios de pago, así como los gastos que el usuario debe abonar a la entidad, todo ello en virtud de la Ley 16/2009 de servicios de pago y la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos aplicables a los servicios de pago. A su vez, para la prestación de servicios bancarios de crédito al consumo, debe acudirse igualmente a las obligaciones emanadas de la Ley 16/2011 que trata este tipo de contratos.

En resumen, como ya hemos contado, al no tener la obligación de registrar las comisiones en el Banco de España y por tanto de confeccionar un folleto claro y comprensible como condición para aplicarlas, el supervisor ya no realiza un control previo sobre las mismas, si bien los interesados deben poder acceder, entre otra información y con una actualización trimestral, a las comisiones habitualmente percibidas por las entidades por los servicios que prestan con mayor frecuencia, así como los gastos repercutidos, de modo que se facilite la comparación, los conceptos que devengan comisión, su periodicidad e importe. Puede darse el caso de que el servicio bancario se preste a través de un cajero automático o dispositivo similar, y la entidad emisora del medio de pago (de la tarjeta, por ejemplo) sea diferente de la entidad del cajero: en ese supuesto, puede informarse del valor máximo de la comisión y otros gastos que puedan afectarle.   

Tiene que quedar claro que en todos los contratos bancarios, al margen de la información precontractual que sea exigible dependiendo de cada tipo de producto, antes de prestar un servicio bancario la entidad indicará al cliente, de forma clara y gratuita, el importe de cualquier comisión que será adeudada por cualquier concepto y los gastos que serán repercutidos. Tras recibir esa información, el cliente podrá desistir de la operación de forma también gratuita.    

Referente a la información contractual, con a la entrega del contrato y en el mismo, deberán igualmente constar toda la información de las comisiones. Así, si estamos ante un contrato de crédito al consumo, en el artículo 16 de la Ley 16/2011 que rige los mismos; si nos encontramos ante un servicio de pago (cuentas, tarjetas, transferencias o domiciliaciones) se nos mostrará esa información bien sea ante una operación singular o ante otra amparada por un contrato marco. Si la operativa es un préstamo o crédito hipotecario, a través de la FIPRE (antes de contratar) y de la FIPER se ofrecerá la información relativa a las comisiones.

Una última novedad que recoge la nueva legislación es el resumen anual del cobro de comisiones (e intereses –cobrados y pagados-) que anualmente, desde enero de 2014, las entidades deben remitir a su clientela, donde figurarán las comisiones y gastos devengados por cada servicio prestado al cliente durante el año anterior. Como aclaración, en caso de varios titulares se comunicará a cada uno de ellos.