Noticias Julio 2017

13.07.2017

Habitualmente, los clientes afrontan una serie de gastos por la formalización y tramitación de los préstamos hipotecarios que suscriben con las entidades financieras.

A este respecto, y ya que no hay ninguna norma que establezca de antemano las cantidades que una entidad puede exigir a su cliente en concepto de provisión de fondos, la transparencia que debe presidir las relaciones banco-cliente exige que las entidades informen adecuadamente de este desembolso antes de la contratación, desglosando los distintos conceptos de gasto y procurando, además, que las provisiones que requieran a sus clientes se ajusten al máximo a lo necesario, para poder así conocer con razonable aproximación la totalidad de cargas que se debe asumir.

La sentencia del Tribunal Supremo núm. 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, declaró la nulidad por abusivas de varias cláusulas contenidas en determinados contratos de préstamo hipotecario de dos entidades de crédito. Entre dichas cláusulas, se encontraban las que establecían la atribución en exclusiva al consumidor de todos los tributos y gastos ocasionados por la formalización de la operación, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía.

A raíz de dicha sentencia, está habiendo un sustancial aumento de las reclamaciones que se están recibiendo en el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) sobre este caso.

Por ello, es conveniente recordar que este Departamento debe limitarse, por las normas que regulan su funcionamiento, a la valoración del cumplimiento de la normativa de transparencia y de las buenas prácticas bancarias de las entidades reclamadas, no siendo el órgano competente para: i) determinar el carácter abusivo de una cláusula contractual, ni la nulidad de un contrato o ii) efectuar pronunciamiento alguno en relación con la devolución de las cantidades que hayan sido cobradas por la entidad. Tales cuestiones corresponden, en exclusiva, a los tribunales.

No obstante, se entiende que, según la lógica de las buenas prácticas bancarias, resulta exigible que las entidades que hayan comercializado préstamos hipotecarios realicen un análisis de las reclamaciones presentadas por su clientela según los criterios establecidos por el Tribunal Supremo.

En todo caso, si desea ampliar información sobre los criterios del DCMR al respecto de la “Tramitación administrativa de la hipoteca”, le recomendamos que consulte las páginas 68 a 70 de la Memoria de Reclamaciones del Banco de España del año 2016Abre en nueva ventana.

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