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Este artículo ofrece una panorámica sobre el trabajo en plataformas de comercio digitales en España y analiza los retos que supone para su cuantificación la falta de información fiable y exhaustiva. Las plataformas digitales son infraestructuras tecnológicas que, actuando como intermediarias, permiten la interacción de dos o más personas para la prestación de servicios a través de aplicaciones informáticas a cambio de un precio. Aunque se estima que el trabajo en plataformas representa menos del 5% de la mano de obra mundial, se prevé que su peso relativo va a ir en aumento.
En 2018, un 2,6% de la población mayor de 16 años en España desempeñaba su trabajo
principal a través de plataformas, según la encuesta de Economía Colaborativa y Empleo
(COLLEEM, por sus siglas en inglés). Sumando a quienes trabajaban en plataformas de manera esporádica, la cifra aumentaba hasta el 18,5%, la proporción más alta de los 16 países europeos incluidos en la encuesta. Sin embargo, en la práctica es difícil obtener mediciones precisas, ya que por el momento las estadísticas oficiales no están diseñadas para recoger este tipo de trabajo.
Este artículo realiza una comparación entre las características demográficas de los trabajadores de plataformas en España, según la mencionada encuesta COLLEEM, y las de los trabajadores por cuenta propia y cuenta ajena según dos encuestas nacionales a individuos y hogares, la Encuesta de Población Activa 2018 y la Encuesta Financiera de las Familias 2017. La comparación muestra que los trabajadores de plataformas digitales conforman un grupo particular, no directamente asimilable ni al colectivo de asalariados ni al de empleados por cuenta propia.
Finalmente, se plantean algunas vías para mejorar la medición del trabajo en plataformas
digitales (TPD). Una primera opción sería la inclusión de preguntas directas sobre el TPD en los cuestionarios de las encuestas con contenido laboral. Una segunda opción sería el desarrollo de datos integrados que combinen la información de registros administrativos, donde se recojan las actividades en las plataformas digitales, con la elaboración de encuestas a los individuos incluidos en dichos registros. En cualquier caso, para que tanto los datos administrativos como las encuestas reflejen con precisión este fenómeno, es necesario que la legislación laboral defina con claridad la relación entre las personas que prestan servicios y las plataformas.

En 2019, la Unión Europea (UE) y los países latinoamericanos que forman el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) alcanzaron un acuerdo político para la firma, ratificación e implementación de un tratado comercial entre los dos bloques. Se espera que dicho acuerdo genere beneficios comerciales y de bienestar en ambos lados del Atlántico. En el caso de la UE, se estiman impactos similares a los que se han identificado en el caso de otros acuerdos recientes, como el firmado con Japón. No obstante, el «principio de acuerdo» UE-MERCOSUR ha suscitado preocupación por sus potenciales impactos medioambientales y climáticos, a pesar de incluir disposiciones rigurosas en ese ámbito, y de conllevar cambios muy limitados en las medidas arancelarias y no arancelarias relacionadas con las importaciones de productos agrícolas procedentes del MERCOSUR. Este artículo se centra en un aspecto específico de esos posibles impactos medioambientales del acuerdo UE-MERCOSUR: el cambio esperado en las emisiones globales de CO2. Dentro de la incertidumbre asociada a la estimación de estos impactos, a partir de un modelo de equilibrio general estándar en la literatura, se encuentra que el aumento de las emisiones de CO2 derivado de este acuerdo sería limitado. Además, en algunos escenarios plausibles, la aplicación de las normativas medioambientales del principio de acuerdo —muy estrictas— podrían incluso conllevar un descenso de las emisiones en los países del MERCOSUR.