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En este artículo se describen los diferentes modelos de plataformas de financiación participativa de crédito para consumo que actualmente operan en España, y se analizan su desarrollo y sus principales características a partir de la información granular que proporcionan dos de las plataformas que operan en nuestro país. Se muestra que, a pesar de que el volumen de financiación concedido por este tipo de plataformas ha avanzado a un ritmo notable durante los últimos años, su peso es todavía muy reducido en comparación con las cifras del crédito bancario. Por otra parte, la evidencia presentada muestra que el perfil de riesgo de los demandantes de fondos que acceden a esta financiación es sustancialmente más elevado que el de los prestatarios de las entidades de crédito.

Desde mediados de 2021, las presiones inflacionistas se han intensificado, y se han extendido a diferentes componentes de la inflación subyacente, tanto en el área del euro como en España. Esto refleja, en buena medida, el efecto indirecto del incremento sostenido de los costes de producción provocado por las tensiones que ha habido en los mercados de materias primas. Además, distintos factores relacionados con la pandemia habrían facilitado la transmisión de las presiones inflacionistas: la presencia de cuellos de botella en la producción, el aumento de la demanda para el acondicionamiento de la vivienda y, más recientemente, la intensidad con la que se han reanudado las actividades que conllevan mayor contacto social tras dos años de demanda restringida. Los componentes de la inflación subyacente relacionados con el transporte, con el equipamiento y conservación de la vivienda, y con las actividades de ocio, restauración y turismo han registrado aumentos de precios especialmente elevados en el último año, tanto en el área del euro como en España. En España, la contribución del ocio, la restauración y el turismo al aumento de los precios de consumo en el último año ha sido significativamente mayor que la observada en el área del euro, tanto por los superiores incrementos de precios en estas partidas como por su mayor peso en la cesta de consumo.

El aumento de los precios de las materias primas alimenticias que se está produciendo a escala global está repercutiendo intensamente en los precios de consumo de estos productos que afrontan los hogares. En el episodio actual, además, destaca un incremento más generalizado de las partidas alimenticias que el observado en otras experiencias históricas de tensión en estos mercados. Los resultados de un modelo econométrico revelan que un aumento transitorio de un 10 % en la tasa de variación de los precios de las materias primas alimenticias repercute en una subida de la inflación total del área del euro (IAPC) de unas tres décimas al cabo de doce meses.

Una hipotética interrupción de las importaciones de materias primas energéticas procedentes de Rusia podría tener un impacto significativo sobre la economía española. La dificultad para sustituir dichos productos a corto plazo supondría una reducción en la oferta de energía y un agravamiento del actual episodio inflacionista, lo que implicaría, por ambas vías, un lastre para la actividad económica. En cualquier caso, dado que la dependencia con respecto de la energía rusa es menor en España que en el resto de las economías europeas, los efectos sobre nuestra economía serían notablemente más reducidos. Por último, el impacto se ve amplificado como consecuencia de la propagación de la perturbación a través de las cadenas globales de producción, que es particularmente pronunciado en determinados sectores de actividad. La interrupción de exportaciones o de las importaciones del resto de los bienes también tendría un impacto negativo sobre las economías europeas, aunque su efecto sería más limitado que en el caso de las materias primas energéticas.

Este artículo ofrece una panorámica sobre el trabajo en plataformas de comercio digitales en España y analiza los retos que supone para su cuantificación la falta de información fiable y exhaustiva. Las plataformas digitales son infraestructuras tecnológicas que, actuando como intermediarias, permiten la interacción de dos o más personas para la prestación de servicios a través de aplicaciones informáticas a cambio de un precio. Aunque se estima que el trabajo en plataformas representa menos del 5% de la mano de obra mundial, se prevé que su peso relativo va a ir en aumento.
En 2018, un 2,6% de la población mayor de 16 años en España desempeñaba su trabajo
principal a través de plataformas, según la encuesta de Economía Colaborativa y Empleo
(COLLEEM, por sus siglas en inglés). Sumando a quienes trabajaban en plataformas de manera esporádica, la cifra aumentaba hasta el 18,5%, la proporción más alta de los 16 países europeos incluidos en la encuesta. Sin embargo, en la práctica es difícil obtener mediciones precisas, ya que por el momento las estadísticas oficiales no están diseñadas para recoger este tipo de trabajo.
Este artículo realiza una comparación entre las características demográficas de los trabajadores de plataformas en España, según la mencionada encuesta COLLEEM, y las de los trabajadores por cuenta propia y cuenta ajena según dos encuestas nacionales a individuos y hogares, la Encuesta de Población Activa 2018 y la Encuesta Financiera de las Familias 2017. La comparación muestra que los trabajadores de plataformas digitales conforman un grupo particular, no directamente asimilable ni al colectivo de asalariados ni al de empleados por cuenta propia.
Finalmente, se plantean algunas vías para mejorar la medición del trabajo en plataformas
digitales (TPD). Una primera opción sería la inclusión de preguntas directas sobre el TPD en los cuestionarios de las encuestas con contenido laboral. Una segunda opción sería el desarrollo de datos integrados que combinen la información de registros administrativos, donde se recojan las actividades en las plataformas digitales, con la elaboración de encuestas a los individuos incluidos en dichos registros. En cualquier caso, para que tanto los datos administrativos como las encuestas reflejen con precisión este fenómeno, es necesario que la legislación laboral defina con claridad la relación entre las personas que prestan servicios y las plataformas.

En 2019, la Unión Europea (UE) y los países latinoamericanos que forman el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) alcanzaron un acuerdo político para la firma, ratificación e implementación de un tratado comercial entre los dos bloques. Se espera que dicho acuerdo genere beneficios comerciales y de bienestar en ambos lados del Atlántico. En el caso de la UE, se estiman impactos similares a los que se han identificado en el caso de otros acuerdos recientes, como el firmado con Japón. No obstante, el «principio de acuerdo» UE-MERCOSUR ha suscitado preocupación por sus potenciales impactos medioambientales y climáticos, a pesar de incluir disposiciones rigurosas en ese ámbito, y de conllevar cambios muy limitados en las medidas arancelarias y no arancelarias relacionadas con las importaciones de productos agrícolas procedentes del MERCOSUR. Este artículo se centra en un aspecto específico de esos posibles impactos medioambientales del acuerdo UE-MERCOSUR: el cambio esperado en las emisiones globales de CO2. Dentro de la incertidumbre asociada a la estimación de estos impactos, a partir de un modelo de equilibrio general estándar en la literatura, se encuentra que el aumento de las emisiones de CO2 derivado de este acuerdo sería limitado. Además, en algunos escenarios plausibles, la aplicación de las normativas medioambientales del principio de acuerdo —muy estrictas— podrían incluso conllevar un descenso de las emisiones en los países del MERCOSUR.