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El artículo describe el peso de los costes energéticos directos sobre la cifra de negocio de las empresas industriales y de servicios en 2019, diferenciando por tipo de combustible (electricidad, gas natural y otros combustibles), así como por tamaño de las empresas y por sector de actividad. El análisis muestra la gran heterogeneidad existente en el gasto relativo en los distintos inputs energéticos entre las diversas ramas productivas. Para las ramas intensivas energéticamente, también existen diferencias en la composición del gasto energético según el tamaño de la empresa. En general, a mayor tamaño empresarial, menos proporción de la cifra de negocio se destina a gastos en electricidad y en otros combustibles, pero más a gastos en gas natural.

De acuerdo con los resultados de la Central de Balances Integrada, en 2021 se registró una recuperación notable de la situación económica y financiera de la mayoría de las empresas, revirtiéndose parcialmente el deterioro del año anterior asociado a la crisis del COVID-19. La mejora fue más intensa en las ramas de actividad que se vieron más impactadas por esta crisis. Por su parte, los datos de la Central de Balances Trimestral, que permiten analizar la evolución más reciente, evidencian que, durante los tres primeros trimestres de 2022, los beneficios empresariales del conjunto de esta muestra siguieron creciendo a un ritmo elevado, aunque dentro de una evolución muy heterogénea por sectores. Ello se tradujo en una mejora adicional de la situación económica y financiera de la mayoría de las empresas de la muestra. No obstante, los datos referidos exclusivamente al tercer trimestre muestran una pérdida de dinamismo de los beneficios empresariales como reflejo de la desaceleración de la actividad económica. El artículo incluye un recuadro que analiza la evolución reciente de los márgenes empresariales, para lo que se utilizan dos aproximaciones diferentes. En él se concluye que la recuperación de los beneficios ordinarios habría permitido que, para el conjunto de la CBT, el margen sobre VAB (que mide la proporción de este resultado que se quedan las empresas una vez deducidos los gastos de personal) siguiese aumentando en 2022, hasta situarse en niveles similares a los existentes antes de la pandemia. Ello habría sido compatible con una ligera contracción del margen sobre ventas, que se calcula como el cociente entre el REB y las ventas y que permite aproximar en qué medida las empresas han sido capaces de trasladar a sus clientes el aumento de los costes de producción.

En este artículo se evalúa la efectividad de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en España desde el inicio de la crisis del COVID-19 a la hora de facilitar la reincorporación laboral de los trabajadores afectados. En promedio, entre 2020 y 2021, la probabilidad absoluta de dicha reincorporación ha sido elevada, aunque muestra un perfil decreciente según la duración del ERTE, desde casi el 65 % para los trabajadores afectados por un ERTE de un trimestre hasta algo más del 26 % para los que se dilatan tres trimestres. Cuando se compara dicha probabilidad con la de trabajadores con idénticas características pero inactivos o desempleados no cubiertos por un ERTE, se encuentra una brecha positiva, pero que muestra también un patrón temporal decreciente. Por tanto, los resultados señalan una elevada efectividad de los ERTE en el período analizado, aunque sobre todo de aquellos con duraciones más reducidas. La prolongación en el tiempo de la permanencia en la situación de ERTE, sin embargo, tiende a reducir su efectividad, especialmente entre algunos colectivos de trabajadores, como los más jóvenes, los que tienen un contrato temporal o los ocupados en determinadas actividades de servicios.

De acuerdo con la Encuesta sobre Préstamos Bancarios, durante el tercer trimestre de 2022 los criterios de concesión de préstamos y las condiciones aplicadas se endurecieron de forma generalizada, tanto en España como en el conjunto del área del euro, y fue en el segmento de crédito a hogares para adquisición de vivienda donde el endurecimiento habría sido más acusado. Por su parte, las peticiones de préstamos habrían descendido, en las dos áreas, en casi todas las modalidades. Esta evolución se enmarca en un contexto de aumento de los riesgos asociados al deterioro de las perspectivas económicas y de normalización de la política monetaria, que se está traduciendo en un repunte de los costes de financiación. Esta coyuntura ha condicionado también las expectativas para el cuarto trimestre, en el que los bancos anticipan una prolongación de la contracción de la oferta de crédito y una disminución de la demanda en todos los segmentos analizados.

Favorecer la movilidad eléctrica en el sector del transporte es esencial para la transición a una economía baja en emisiones. Uno de los objetivos de los programas de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES) en España es fomentar la adquisición de vehículos eléctricos por parte de los ciudadanos y de las empresas. En este artículo se analiza el impacto del programa MOVES II, lanzado en junio de 2020, sobre las matriculaciones de vehículos eléctricos, para lo que se utilizan los datos individuales de la Dirección General de Tráfico. Los resultados sugieren un impacto muy heterogéneo dentro de las diferentes comunidades autónomas. En particular, el programa habría incrementado de media al menos 1 punto porcentual el porcentaje de matriculaciones nuevas de vehículos eléctricos en Asturias, Madrid, Navarra, Baleares y en el promedio de las provincias de Cataluña desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2020. Por el contrario, el impacto medio en las matriculaciones de vehículos eléctricos de las provincias dentro de cada una del resto de las regiones no puede descartarse que fuera estadísticamente nulo.

En este artículo se describen los diferentes modelos de plataformas de financiación participativa de crédito para consumo que actualmente operan en España, y se analizan su desarrollo y sus principales características a partir de la información granular que proporcionan dos de las plataformas que operan en nuestro país. Se muestra que, a pesar de que el volumen de financiación concedido por este tipo de plataformas ha avanzado a un ritmo notable durante los últimos años, su peso es todavía muy reducido en comparación con las cifras del crédito bancario. Por otra parte, la evidencia presentada muestra que el perfil de riesgo de los demandantes de fondos que acceden a esta financiación es sustancialmente más elevado que el de los prestatarios de las entidades de crédito.

La información de la Central de Balances Trimestral evidencia que, en los seis primeros meses de 2022, los excedentes empresariales crecieron con intensidad, de modo que los niveles de rentabilidad medios se situaron en valores cercanos a los de 2019. Esta positiva evolución económica se tradujo en una mejoría de la capacidad de repago de la deuda empresarial. Por su parte, las ratios medias de liquidez se redujeron, revirtiéndose el repunte que se observó tras la irrupción de la pandemia de COVID. En todo caso, el análisis más detallado evidencia una evolución menos favorable para algunos grupos de empresas que la que se deduce de los datos agregados. En particular, el artículo incluye un recuadro que muestra señales de deterioro de la situación económica y financiera de algunas de las compañías más expuestas al repunte de los precios de la energía. Concretamente, se encontrarían en esta situación aquellas cuya actividad se ha recuperado en menor medida en el período reciente porque se han visto menos beneficiadas por la eliminación de las restricciones a la movilidad tras el fin de la pandemia.

Desde mediados de 2021, las presiones inflacionistas se han intensificado, y se han extendido a diferentes componentes de la inflación subyacente, tanto en el área del euro como en España. Esto refleja, en buena medida, el efecto indirecto del incremento sostenido de los costes de producción provocado por las tensiones que ha habido en los mercados de materias primas. Además, distintos factores relacionados con la pandemia habrían facilitado la transmisión de las presiones inflacionistas: la presencia de cuellos de botella en la producción, el aumento de la demanda para el acondicionamiento de la vivienda y, más recientemente, la intensidad con la que se han reanudado las actividades que conllevan mayor contacto social tras dos años de demanda restringida. Los componentes de la inflación subyacente relacionados con el transporte, con el equipamiento y conservación de la vivienda, y con las actividades de ocio, restauración y turismo han registrado aumentos de precios especialmente elevados en el último año, tanto en el área del euro como en España. En España, la contribución del ocio, la restauración y el turismo al aumento de los precios de consumo en el último año ha sido significativamente mayor que la observada en el área del euro, tanto por los superiores incrementos de precios en estas partidas como por su mayor peso en la cesta de consumo.

Este artículo examina el impacto que algunos acontecimientos recientes (en particular, el repunte de las tasas de inflación y la guerra en Ucrania) están teniendo sobre las expectativas económicas de los hogares españoles. Para ello, se utiliza la información de la Encuesta de Expectativas de los Consumidores (CES, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo. El análisis muestra que la revisión al alza que, desde mediados de 2021, presenta la inflación esperada por los hogares se ha trasladado a sus perspectivas de gasto en términos nominales, que habían mostrado una tendencia alcista hasta la irrupción de la guerra. Esta senda creciente se ha interrumpido desde el inicio del conflicto bélico, que ha incidido de forma significativa sobre las perspectivas relativas a los determinantes del consumo de los hogares: estos anticipan ahora una evolución menos favorable de sus rentas, de su posición patrimonial y de la situación económica general que antes de la guerra. En un contexto de mayor avance proyectado de los precios, la interrupción de la tendencia alcista que mostraban en meses anteriores las perspectivas de los hogares relativas al avance de su consumo nominal (con un ajuste a la baja, en particular, de la previsión de adquisición de bienes duraderos) conllevaría un menor dinamismo del gasto en términos reales. Además, la brecha entre el avance previsto del gasto nominal y el de los ingresos se ha ampliado con respecto al comienzo del año, por lo que las familias estarían anticipando, implícitamente, unas tasas de ahorro algo más reducidas.

Ante el contexto actual de aumento del precio de los alimentos y de creciente inseguridad alimentaria a escala mundial, en este artículo se analiza el impacto de las crisis alimentarias sobre las migraciones forzosas internacionales. Los resultados obtenidos a partir de un modelo de gravedad estructural indican que las crisis alimentarias llevan a un aumento significativo del número de migrantes forzosos internacionales, si bien la intensidad del fenómeno depende de la gravedad de la crisis. Así, las crisis de carácter leve producen un mayor incremento del número de migrantes internacionales, mientras que dicho efecto se modera conforme aumenta su gravedad. Asimismo, ante crisis más graves, el destino de los migrantes internacionales se inclina hacia los países en desarrollo. Esto se debe a que las crisis alimentarias llevarían a los migrantes a utilizar una mayor parte de sus recursos para cubrir sus necesidades de alimentación básicas, lo que limita, por tanto, su capacidad de migrar, en particular hacia aquellos destinos que implican un coste de migración más elevado, como los países desarrollados.

El aumento de los precios de las materias primas alimenticias que se está produciendo a escala global está repercutiendo intensamente en los precios de consumo de estos productos que afrontan los hogares. En el episodio actual, además, destaca un incremento más generalizado de las partidas alimenticias que el observado en otras experiencias históricas de tensión en estos mercados. Los resultados de un modelo econométrico revelan que un aumento transitorio de un 10 % en la tasa de variación de los precios de las materias primas alimenticias repercute en una subida de la inflación total del área del euro (IAPC) de unas tres décimas al cabo de doce meses.

En este artículo se presentan los resultados principales de la Encuesta Financiera de las Familias 2020, que muestran la situación financiera de los hogares españoles a finales de ese año. Estos resultados son de especial interés, dado que permiten caracterizar conjuntamente las rentas, los activos, las deudas y los gastos de los hogares españoles en el contexto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, se describen los cambios más relevantes ocurridos en estas dimensiones con respecto a la última edición de la Encuesta, correspondiente a 2017.

Durante la parte transcurrida de 2022 se ha producido un endurecimiento de las condiciones de financiación de las empresas y de los hogares, con un fuerte repunte de los costes de la emisión de deuda corporativa y una contracción de la oferta de préstamos. La transmisión de los tipos de interés de mercado a los del crédito bancario estaría siendo, sin embargo, algo más lenta que en otros episodios históricos de subidas de los tipos de interés. En este contexto, el flujo de nueva financiación captada por hogares y por empresas y el saldo vivo de su deuda han avanzado moderadamente o se han mantenido estables. El saldo de crédito concedido a las actividades empresariales no financieras por las entidades de depósito (ED) descendió en el primer trimestre de 2022, más que compensando la expansión del saldo de crédito para adquisición de vivienda, mientras que en abril y en mayo su comportamiento conjunto ha sido moderadamente expansivo. Desde el inicio de 2022, y pese al deterioro del entorno macrofinanciero, la calidad crediticia de la cartera de las ED ha continuado mejorando de forma general, excepto en el caso de la financiación destinada a las ramas de actividad más afectadas por la pandemia, y en el conjunto de las operaciones que cuentan con el aval del Instituto de Crédito Oficial. La materialización de escenarios macrofinancieros adversos podría suponer en los próximos trimestres un menor dinamismo del volumen de crédito bancario y un deterioro en su calidad.

De acuerdo con la Encuesta sobre Préstamos Bancarios, durante el segundo trimestre de 2022 los criterios de concesión de préstamos y las condiciones aplicadas a los créditos concedidos se endurecieron ligeramente de forma generalizada por segmentos de mercado, tanto en España como en la Unión Económica y Monetaria. En cuanto a las peticiones de préstamos, se observan descensos o crecimientos más moderados —en las dos áreas— en prácticamente todas las modalidades. Esta evolución se enmarca en un contexto de incertidumbre creciente (en el que se percibe un incremento de los riesgos) y de normalización de la política monetaria. Esta coyuntura ha condicionado también las expectativas para el tercer trimestre, en el que los bancos anticipan una prolongación de la contracción de la oferta de crédito y una disminución de la demanda en casi todos los segmentos analizados.

La información de la Central de Balances Trimestral (CBT) evidencia que en los tres primeros meses de 2022 la actividad y los beneficios corporativos siguieron recuperándose. En este contexto, los niveles de rentabilidad medios se elevaron respecto al mismo período de 2021, aunque se mantuvieron aún por debajo de los valores previos a la pandemia. La deuda del conjunto de las empresas de esta muestra creció en los tres primeros meses de 2022 con respecto a un año antes, lo que llevó a un ligero ascenso de la ratio media de endeudamiento en relación con el activo. En cambio, la ratio media de deuda sobre excedentes, que aproxima la capacidad de reembolso, descendió, favorecida por la recuperación de los beneficios empresariales. El incremento de los excedentes ordinarios también facilitó que siguiera reduciéndose el peso medio de los pagos por intereses sobre los resultados, aunque a un ritmo menor que el del año previo, debido al ascenso de los gastos financieros asociado a las mayores deudas. Este artículo incluye un recuadro que analiza la evolución durante el último año de los márgenes en las empresas de la CBT, cuestión relevante en el actual contexto de fuerte aumento de costes. La empresa mediana de la muestra no habría experimentado apenas cambios en sus márgenes. Sin embargo, existe una elevada heterogeneidad no solo entre sectores, sino también dentro de cada sector. Las diferencias en la evolución de esta variable vienen explicadas por determinadas características, como, por ejemplo, el crecimiento de los costes, la situación financiera de las empresas o el dinamismo de su actividad.

Las Cuentas Financieras de la Economía Española muestran que en 2021 se fortaleció la situación patrimonial de los hogares y las sociedades no financieras. Los primeros, al contrario de lo ocurrido en 2020, aumentaron su saldo de deuda en forma de préstamos bancarios, principalmente en forma de crédito para adquisición de vivienda, en línea con el mayor dinamismo del mercado inmobiliario. Sin embargo, dado que la renta de las familias aumentó en mayor medida, su ratio de endeudamiento sobre la renta bruta disponible descendió 1,6 puntos porcentuales (pp) hasta el 91,9 %, si bien todavía se encuentra por encima del nivel de 2019. En el caso de las empresas no financieras, en 2021 también se observó un descenso —de 4,3 pp— en su ratio de deuda sobre el PIB, hasta el 80 % del PIB, derivado en gran medida del avance del producto, ya que su deuda consolidada aumentó levemente. Por lo que respecta a las decisiones de inversión en activos financieros, los hogares mantuvieron la tendencia de los últimos ejercicios, de avance de sus tenencias de depósitos bancarios y de participaciones en fondos de inversión, mientras que las empresas concedieron un volumen más elevado de financiación comercial, en línea con la recuperación de la actividad empresarial, y acumularon menos activos líquidos, lo que resulta coherente con la menor preocupación por los riesgos de liquidez.

Según la estadística de la Balanza de Pagos, España presentó en 2021 una capacidad de financiación del 1,8 % en porcentaje del PIB (1,2 % en 2020). Este aumento reflejó, fundamentalmente, la recuperación parcial del superávit del turismo, gracias a la mejoría de la situación epidemiológica, propiciada por el avance del proceso de vacunación, y el incremento del saldo positivo de la cuenta de capital, impulsado por los ingresos correspondientes al programa Next Generation EU. Esta evolución contrarrestó el deterioro del déficit de bienes, en un contexto de encarecimiento de la factura energética. Por su parte, la Posición de Inversión Internacional deudora neta de España se redujo significativamente —hasta el 70,4 % del PIB, el nivel más bajo desde 2006—, gracias a las transacciones financieras positivas con el exterior y, en mayor medida, al avance del PIB y a la revalorización de los activos financieros exteriores. Por el contrario, el volumen de la deuda externa bruta de la nación marcó un nuevo máximo histórico (2.329 mm) por la asunción de nuevos pasivos, particularmente por parte de las Administraciones Públicas y del Banco de España, si bien su ratio sobre el PIB se redujo gracias al crecimiento económico.

En este artículo se resume la metodología de estimación propuesta en Gonzalez-Perez (2021) para estimar un índice de volatilidad de una cartera de activos cuando no se emiten opciones sobre ella. Esta metodología permite construir índices de volatilidad para carteras personalizadas empleando las opciones emitidas sobre las acciones individuales y una cartera de referencia que nos informe sobre la prima de riesgo por correlación entre los activos de la cartera de interés. Se utilizan esta metodología y una cartera de referencia que representa al mercado global español (IBEX-35) para estimar un índice de volatilidad del sector bancario español. La metodología propuesta permite variar la cartera de referencia de acuerdo con el marco de incertidumbre deseado. La comparación de este índice sectorial de volatilidad con el global de la bolsa española y con otros índices relevantes muestra que las caídas en la cotización del sector bancario se relacionan, sobre todo, con aumentos de incertidumbre en el sector, mientras que las subidas de cotización se relacionan con una menor incertidumbre tanto en la bolsa española como en el sector bancario. Por otra parte, el diferencial de volatilidad entre el mercado y el sector bancario en España es persistente y positivo. La mayor integración del sector bancario español tras la crisis financiera global, en línea con el progresivo incremento de correlación de la cartera de bancos, contribuye a explicar este resultado. El diferencial se situó alrededor del 20 % en febrero de 2022. Asimismo, el índice de volatilidad bancario español evoluciona en paralelo a su índice homónimo europeo, con un diferencial histórico medio de alrededor del 6 %.

Los últimos resultados de la Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) evidencian que, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, la actividad de las pymes españolas siguió creciendo, si bien a un menor ritmo que el registrado seis meses antes. El repunte de los costes llevó a un deterioro de los beneficios empresariales para la mayor parte de estas empresas. El acceso a la financiación externa no es considerado por la mayoría de las pymes como un factor preocupante, y, de hecho, el indicador de dificultades de acceso al crédito bancario ha permanecido en valores muy reducidos. No obstante, los resultados muestran una interrupción, durante el período examinado, en la pauta de mejoría del grado de accesibilidad al crédito bancario, vinculada a la percepción negativa que las pymes tienen sobre la situación económica general. Además, un porcentaje significativo de pymes declararon un aumento de los costes de financiación. En un contexto de elevada incertidumbre generado, entre otros factores, por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, las empresas encuestadas anticipaban, en conjunto, un deterioro en el acceso a la financiación entre abril y septiembre de este año.

La crisis del COVID-19 ha tenido un gran impacto en la evolución de la economía y ha afectado a la situación económica y financiera de las empresas españolas, aunque con una elevada heterogeneidad sectorial. Este artículo indaga sobre cómo ha afectado esta crisis a la solvencia y a la demografía empresarial en España a través de distintos indicadores. El análisis realizado evidencia que, hasta ahora, los efectos han sido muy moderados en comparación con crisis anteriores, lo que se explica en gran parte por las medidas desplegadas por las autoridades económicas para mitigar los efectos de esta perturbación. No obstante, existen ciertos riesgos latentes que podrían materializarse, especialmente, si la recuperación económica acabara siendo menos vigorosa de lo que se anticipa.

Una hipotética interrupción de las importaciones de materias primas energéticas procedentes de Rusia podría tener un impacto significativo sobre la economía española. La dificultad para sustituir dichos productos a corto plazo supondría una reducción en la oferta de energía y un agravamiento del actual episodio inflacionista, lo que implicaría, por ambas vías, un lastre para la actividad económica. En cualquier caso, dado que la dependencia con respecto de la energía rusa es menor en España que en el resto de las economías europeas, los efectos sobre nuestra economía serían notablemente más reducidos. Por último, el impacto se ve amplificado como consecuencia de la propagación de la perturbación a través de las cadenas globales de producción, que es particularmente pronunciado en determinados sectores de actividad. La interrupción de exportaciones o de las importaciones del resto de los bienes también tendría un impacto negativo sobre las economías europeas, aunque su efecto sería más limitado que en el caso de las materias primas energéticas.

Desde la crisis de 2008, el peso de la inversión pública en el PIB ha disminuido significativamente tanto en España como en otros países del área del euro. Esta tendencia se ha detenido recientemente, debido a que, como respuesta a la crisis sanitaria, se ha impulsado este componente del gasto. Dicho componente se verá potenciado en nuestro país, además, por los fondos europeos recibidos en el marco del plan Next Generation EU (NGEU). El efecto de la inversión pública sobre la actividad económica dependerá, entre otros factores, de su efecto sobre la inversión privada, cuyo signo es, a priori, ambiguo. En este artículo se analiza la relación en el corto plazo entre inversión pública e inversión privada, para lo que se emplea la metodología de vectores autorregresivos estructurales (SVAR, por sus siglas en inglés). Los resultados sugieren que, en término medio, incrementos en la inversión pública en España tienden a generar un efecto positivo sobre la inversión privada. En particular, un incremento de un 1 % en la inversión pública estaría asociado a un incremento de la misma magnitud en la inversión privada en el corto plazo. Este resultado resaltaría el peso que puede tener el NGEU en la evolución económica en los próximos años.

Los planes de pensiones de empresa tienen un incentivo fiscal que puede, bien contribuir a que los partícipes aumenten su ahorro total, o bien, por el contrario, desplazar un ahorro que se habría materializado en otros vehículos financieros en ausencia de dicho incentivo. Este trabajo utiliza datos de la Encuesta Financiera de las Familias para aproximar el ahorro adicional generado por este tipo de planes. Para ello, se compara la situación financiera de los partícipes en planes de pensiones de empresa con la de un grupo de trabajadores que, sin disponer de dichos planes, tenían edades, niveles de cualificación y puestos de trabajo similares. Una vez se construye este grupo comparable, se observa que, en promedio, cada euro ahorrado en planes de pensiones de empresa aumentó el ahorro privado en torno a 66 céntimos. Esta es la ratio entre la diferencia en riqueza neta media de los partícipes y la del grupo comparable (13.600 euros) y la cantidad media acumulada en planes de pensiones (20.600 euros). Una vez se ajusta por el hecho de que las contribuciones están exentas de tributación, el ahorro adicional generado representa en torno a 31 céntimos por cada euro contribuido, obtenido como la ratio entre los 6.500 euros de diferencia en riqueza ajustada por el subsidio fiscal entre ambos grupos y la cuantía media acumulada en planes de pensiones de empresa.

El estallido de la crisis del COVID-19 motivó que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo modificase las condiciones de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico III (TLTRO III, por sus siglas en inglés) con el objetivo de facilitar el flujo del crédito bancario a la economía real. Las nuevas condiciones favorecieron una participación sin precedentes, por parte de las entidades de crédito, en las operaciones de financiación del Eurosistema. En el caso de España, todas las entidades participantes cumplieron con el objetivo de concesión de crédito elegible (es decir, a empresas y hogares, excepto para compra de vivienda) establecido para el período comprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Con el fin de conocer el impacto que ha tenido el gran volumen de liquidez inyectado a través de las TLTRO III en los balances de estas entidades, en este artículo se han identificado cuatro estrategias (concesión de crédito, mantenimiento de reservas en el Banco de España, adquisición de deuda pública y sustitución de financiación de mercado) que las entidades podrían poner en práctica tras solicitar fondos a través de las TLTRO III. Tras el análisis realizado se concluye que existe una relación significativa entre la participación en las TLTRO III y las estrategias de concesión de crédito elegible y mantenimiento de reservas.

La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto muy heterogéneo entre las distintas ramas productivas de la economía. Las menos afectadas han sido las que requieren menor contacto interpersonal y son menos intensivas en empleo, como la industria. Este hecho habría sido determinante para explicar el dinamismo observado en la inversión en bienes de equipo durante la actual crisis, ya que las ramas con mayor peso relativo en la inversión son las que, en general, han mostrado una mayor resiliencia. Además, el impulso hacia la digitalización y el comercio electrónico, dados los requerimientos de inversión en equipo asociados a su implementación, habrían ayudado a amortiguar la caída de este agregado en la actual crisis. Por otro lado, a diferencia de recesiones anteriores, las condiciones de financiación relativamente favorables habrían contribuido a que este factor no haya supuesto una limitación adicional para afrontar los proyectos de inversión planeados. Por último, también las Administraciones Públicas habrían desempeñado un papel relevante en el sostenimiento de la inversión en bienes de equipo en esta crisis. Por un lado, por el esfuerzo en digitalización que han realizado para continuar prestando servicios en un contexto de restricciones a la movilidad y, por otro, por la adquisición de equipo para hacer frente a la emergencia sanitaria.

De acuerdo con la Encuesta sobre Préstamos Bancarios, durante el primer trimestre de 2022 los criterios de concesión de préstamos a las empresas se endurecieron, tanto en España como en el conjunto del área del euro, en un contexto de mayor preocupación por los riesgos asociados al impacto tanto de la crisis energética como, más recientemente, de la guerra en Ucrania. En España no hubo cambios significativos de los criterios de concesión en los dos segmentos de financiación a los hogares. Las peticiones de préstamos habrían seguido aumentado moderadamente en las dos áreas, de forma casi generalizada por segmentos. Para el segundo trimestre, tanto en España como en la eurozona se anticipa una contracción de la oferta, que sería de mayor intensidad en la financiación a las empresas, en un contexto de mayor incertidumbre asociada a los efectos de la guerra en Ucrania. Por último, en cuanto a las medidas no convencionales de política monetaria del Banco Central Europeo, las entidades financieras prevén que los efectos favorables sobre su situación financiera y su política crediticia se vayan reduciendo en los próximos meses, revirtiendo su signo en algunos casos, en un contexto de progresiva normalización de la política monetaria.

La información de la Central de Balances Trimestral (CBT) evidencia que en 2021 se produjo un aumento significativo de la actividad y de los beneficios corporativos, aunque la recuperación se vio frenada en el tramo final del ejercicio en las empresas más expuestas al aumento del coste de la energía. En este contexto, los niveles de rentabilidad medios se elevaron de forma notable respecto a 2020, pero se mantuvieron por debajo de los valores previos a la pandemia. La deuda del conjunto de las empresas de esta muestra creció en 2021, lo que llevó a un ligero ascenso de la ratio media de endeudamiento en relación con el activo. En cambio, la ratio media de deuda sobre excedentes, que aproxima la capacidad de reembolso, descendió, favorecida por la recuperación de los beneficios empresariales. También se redujo el peso medio de los pagos por intereses sobre los resultados, debido tanto a la caída del coste de la deuda viva como al incremento de los excedentes ordinarios. Por su parte, las ratios de liquidez se redujeron en una mayoría de empresas y sectores, tras el fuerte repunte del ejercicio previo, en un contexto de menor incertidumbre. El artículo incluye un recuadro que analiza la evolución reciente del grado de vulnerabilidad financiera de las empresas de la CBT y que muestra que, tras el fuerte deterioro registrado en 2020, en el pasado año se registró una clara mejoría, si bien el grado de vulnerabilidad seguía siendo más elevado que en 2019.

La financiación de las empresas no financieras mediante crédito proporcionado por entidades bancarias residentes ha mostrado un escaso dinamismo desde el verano de 2020. Esta evolución tras el impacto de la crisis sanitaria se ha producido en un contexto de debilidad de la demanda, de relativa estabilidad de la oferta de fondos bancarios y de repunte del recurso a la financiación con valores de renta fija. El análisis con información granular de empresas y de bancos confirma que esta pérdida de dinamismo de la financiación bancaria se explicaría fundamentalmente por factores de demanda. En particular, se encuentran indicios de que algunas empresas habrían estado utilizando una parte de los colchones de liquidez acumulados durante 2020 y de que las grandes empresas habrían sustituido una parte de su financiación con préstamos bancarios por valores de renta fija. El análisis también sugiere que los factores de oferta vinculados con la disponibilidad de capital por parte de las entidades bancarias no han desempeñado un papel importante para explicar la debilidad del crédito concedido a las sociedades no financieras durante el período examinado.

De acuerdo con la Encuesta sobre Préstamos Bancarios, durante el cuarto trimestre de 2021 los criterios de concesión de préstamos se endurecieron ligeramente en España, y se mantuvieron prácticamente estables en la mayoría de los segmentos en la Unión Económica y Monetaria (UEM). Las condiciones aplicadas a los créditos concedidos no habrían registrado variaciones significativas en ninguna de las dos áreas, con la única excepción de las aplicadas en España en el segmento de préstamos a hogares para adquisición de vivienda, que se habrían relajado ligeramente. Las peticiones de préstamos habrían aumentado moderadamente, tanto en España como en la UEM, de forma casi generalizada por segmentos, en sintonía con el contexto de recuperación de la actividad económica.

Este artículo ofrece una panorámica sobre el trabajo en plataformas de comercio digitales en España y analiza los retos que supone para su cuantificación la falta de información fiable y exhaustiva. Las plataformas digitales son infraestructuras tecnológicas que, actuando como intermediarias, permiten la interacción de dos o más personas para la prestación de servicios a través de aplicaciones informáticas a cambio de un precio. Aunque se estima que el trabajo en plataformas representa menos del 5% de la mano de obra mundial, se prevé que su peso relativo va a ir en aumento.
En 2018, un 2,6% de la población mayor de 16 años en España desempeñaba su trabajo
principal a través de plataformas, según la encuesta de Economía Colaborativa y Empleo
(COLLEEM, por sus siglas en inglés). Sumando a quienes trabajaban en plataformas de manera esporádica, la cifra aumentaba hasta el 18,5%, la proporción más alta de los 16 países europeos incluidos en la encuesta. Sin embargo, en la práctica es difícil obtener mediciones precisas, ya que por el momento las estadísticas oficiales no están diseñadas para recoger este tipo de trabajo.
Este artículo realiza una comparación entre las características demográficas de los trabajadores de plataformas en España, según la mencionada encuesta COLLEEM, y las de los trabajadores por cuenta propia y cuenta ajena según dos encuestas nacionales a individuos y hogares, la Encuesta de Población Activa 2018 y la Encuesta Financiera de las Familias 2017. La comparación muestra que los trabajadores de plataformas digitales conforman un grupo particular, no directamente asimilable ni al colectivo de asalariados ni al de empleados por cuenta propia.
Finalmente, se plantean algunas vías para mejorar la medición del trabajo en plataformas
digitales (TPD). Una primera opción sería la inclusión de preguntas directas sobre el TPD en los cuestionarios de las encuestas con contenido laboral. Una segunda opción sería el desarrollo de datos integrados que combinen la información de registros administrativos, donde se recojan las actividades en las plataformas digitales, con la elaboración de encuestas a los individuos incluidos en dichos registros. En cualquier caso, para que tanto los datos administrativos como las encuestas reflejen con precisión este fenómeno, es necesario que la legislación laboral defina con claridad la relación entre las personas que prestan servicios y las plataformas.

En 2019, la Unión Europea (UE) y los países latinoamericanos que forman el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) alcanzaron un acuerdo político para la firma, ratificación e implementación de un tratado comercial entre los dos bloques. Se espera que dicho acuerdo genere beneficios comerciales y de bienestar en ambos lados del Atlántico. En el caso de la UE, se estiman impactos similares a los que se han identificado en el caso de otros acuerdos recientes, como el firmado con Japón. No obstante, el «principio de acuerdo» UE-MERCOSUR ha suscitado preocupación por sus potenciales impactos medioambientales y climáticos, a pesar de incluir disposiciones rigurosas en ese ámbito, y de conllevar cambios muy limitados en las medidas arancelarias y no arancelarias relacionadas con las importaciones de productos agrícolas procedentes del MERCOSUR. Este artículo se centra en un aspecto específico de esos posibles impactos medioambientales del acuerdo UE-MERCOSUR: el cambio esperado en las emisiones globales de CO2. Dentro de la incertidumbre asociada a la estimación de estos impactos, a partir de un modelo de equilibrio general estándar en la literatura, se encuentra que el aumento de las emisiones de CO2 derivado de este acuerdo sería limitado. Además, en algunos escenarios plausibles, la aplicación de las normativas medioambientales del principio de acuerdo —muy estrictas— podrían incluso conllevar un descenso de las emisiones en los países del MERCOSUR.