Panorama legislativo

Podemos destacar, dentro de la normativa plenamente en vigor en la actualidad, dos normas. La primera, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, (en lo sucesivo, la Orden) destinada a las personas físicas –incluso cuando actúen en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, aunque entonces podrá acordarse que no se aplique parcial o totalmente, exceptuando lo referido a préstamos y créditos hipotecarios (capítulo II del título III) que se aplicará en todo caso-.

La segunda, es la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio, sobre transparencia de servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, (en adelante, la Circular) con similar ámbito de aplicación a la Orden, si bien expresamente incluye a comunidades de bienes constituidas por personas físicas (comunidades de propietarios, de herederos, herencias yacentes y similares) advirtiendo que, si el cliente actúa en el ámbito de su actividad empresarial o profesional, puede no aplicarse total o parcialmente –excepto el contenido de las normas decimotercera a decimoquinta, referidas fundamentalmente a la tasa anual equivalente, los tipos de interés oficiales y los índices o tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios-.  

Al margen de las normas que acabamos de citar, si lo analizamos desde la perspectiva de diferentes sectores y por orden cronológico, nos referiremos en primer lugar a una serie de operaciones, tratadas en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, principalmente las transferencias, los adeudos domiciliados, las operaciones con tarjetas de débito y crédito, y los ingresos y retiradas de efectivo en cuenta; así como la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos aplicables a los servicios de pago. Esta Orden trata pues las cuestiones referidas a transparencia en las operaciones citadas, con contadas excepciones.   

En el sector de la publicidad, destacamos la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, así como la Circular del Banco de España 6/2010, de 28 de septiembre, sobre publicidad de servicios bancarios. Básicamente, a raíz de estas normas, se sustituye el régimen de autorización previa de la publicidad por el supervisor en favor de un control a posteriori, acompañado de un sistema de autorregulación, que permite requerir el cese o rectificación de la publicidad contraria a la normativa. 

La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo rige la transparencia de los servicios bancarios de crédito al consumo celebrados por clientes consumidores.

Por lo que concierne a los préstamos hipotecarios, podemos destacar la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, y el capítulo II de la Orden EHA/2899/2011. Todo ello sin olvidar normativa de más reciente publicación, como son el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de protección de deudores hipotecarios sin recursos, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, las cuales han sido modificadas por el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo.

 

Conclusión:

Resumiendo, es la Orden EHA/2899/2011 quien regula la transparencia en préstamos y créditos hipotecarios con personas físicas; en servicios de pago, la Orden 1608/2010; en los contratos de crédito al consumo la Ley 16/2011 del mismo nombre y; para el resto, la Circular del Banco de España 5/2012 que, al margen de la materia que sea aplicable a todo producto o servicio bancario, establece lo relativo a la transparencia de los depósitos bancarios y de los créditos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 16/2011.

Todo lo anterior sin olvidar la regulación actual del Departamento de Conducta Mercado y Reclamaciones, tanto a través de los artículos 30 y 31 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (tras la nueva redacción conforme a la Ley 2/2011, de economía sostenible) y la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.